Controlando costos y limitando ganancias por Carlos Heller

Desde la ortodoxia han salido a criticar los acuerdos de precios con gran cantidad de argumentos, que apuntan a la intervención del gobierno y a la imposibilidad de sostenerlos.
El tema es el funcionamiento de los mercados; para Fernando Navajas, de Fiel (El Cronista, 29/10/12) “el desarrollo de las instituciones económicas del capitalismo ha tratado de lidiar con el balance entre los incentivos individuales -el motor del progreso económico- y las patologías de fallas diversas que van desde la concentración y el abuso de poder dominante hasta fallas colectivas o de coordinación de un sistema de decisiones descentralizadas. Todas estas cosas son el colesterol malo (de la economía), los mercados no”. Ante esta proposición surge la pregunta: ¿dónde se produce la concentración y el abuso de poder dominante si no es en el propio funcionamiento de los mercados? Esta postura evidencia que para defender el libre mercado se utilizan argumentos muy abstractos, que no pueden validarse en la realidad.
Juan Cerruti (El Cronista, 13/02/13) se refiere a los acuerdos de precios y en un juicio más amplio que abarca las diversas aristas de la intervención del gobierno expresa que “el planteo del kirchnerismo debería ser al sistema, no a las empresas que se desenvuelven en base a las reglas establecidas”. Deja bien en claro que las empresas son inimputables, todas funcionan a la perfección, ninguna aumenta precios, o mantiene el precio con igual envase y menor cantidad de producto; el problema es la regulación.
Bajo las premisas neoliberales, los mercados concentrados son un defecto no buscado, sin embargo la realidad evidencia que esa concentración es hija de la libertad de mercado. Además, la existencia de una elevada concentración en la economía favorece las conductas de los formadores de precios. Según la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (Enge), en 2011 la participación de las 500 empresas más grandes alcanza al 32% del PIB de los sectores en los que actúan. Para ese año, las 50 empresas de mayor tamaño explican el 52,1% del valor agregado de las 500 más grandes, dato que da una gran idea de concentración al interior de las mayores empresas.
Repasando la fabricación de productos de consumo masivo, se observa que el 80% del aceite que se consume lo producen dos empresas: Molinos Río de la Plata y Aceitera General Deheza; en lácteos, el 78% lo manejan La Serenísima y Sancor, mientras que en los enlatados, como tomates y arvejas, la posición dominante la ejerce Arcor, con el 70%.
También se suman a la lista sectores elaboradores de insumos intermedios críticos, tales como el aluminio primario (Aluar es el único productor), la siderurgia (Siderar produce el 99% de la chapa laminada en frío), materias primas que a través de su incidencia en el envasado terminan afectando la oferta de productos de consumo masivo. Estos sectores, junto con la petroquímica (dos empresas producen el 89% de los fertilizantes), generan insumos esenciales para muchos otros sectores productivos. En el eslabón de la distribución minorista, tres grandes cadenas de supermercados concentran entre el 75% al 80% de las ventas totales.
Volviendo a las 500 grandes, lo más llamativo es la evolución de la tasa de ganancia; partiendo de una tasa de utilidad sobre ventas del 8,2% anual para el período 1993/2001, la tasa comienza a recomponerse en 2003 (9,5% anual) para alcanzar valores que fluctuaron entre el 11% al 13% a partir de 2005 y hasta 2011. Puede decirse que cuentan con un importante colchón de rentabilidad que les permitiría participar de un acuerdo de precios a más largo plazo.
Un dato relevante de las estadísticas de la Enge es el escaso peso que poseen los salarios sobre el valor de producción, que para el total de las 500 empresas llegaba al 12% en el período 1993/2001, bajó drásticamente al 8% entre 2007 y 2009, para luego incrementarse levemente al 10% en 2011. Si comparamos ambas cifras puede observarse que el período de mayor tasa de ganancia se asocia a una menor participación salarial.
Estos datos deben compararse que la reveladora encuesta de D’Alessio IROL realizada para el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), allá por octubre del año pasado, donde los encuestados, en su mayoría representantes de esas 500 empresas, reconocieron que luego de las paritarias el 49% trasladó el aumento de salarios a sus precios. Más precisamente, un 29% lo trasladó en la misma magnitud y en un 20% lo aplicó por encima del porcentaje que resulta de la paritaria, entre 5 y 10 puntos más (BAE 31/10/12). Creo que el análisis de los datos expuestos indica el carácter de la puja distributiva: no son los salarios los que empujan los precios, sino las decisiones arbitrarias de las propias empresas, como una forma de incrementar su rentabilidad.
Los acuerdos de precios son una herramienta válida para encarar el tema pero no resuelven por sí mismos la cuestión. En este aspecto, debe resaltarse que también hubo cuestionamientos por lo acotado del período de acuerdo de precios. La Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas calificó como “insuficiente” el congelamientos de precios por dos meses y remarcó que es necesario hacerlo “extensivo en el tiempo” y “a otros proveedores de insumos” (La Nación, 11.02.13).
Las políticas de acuerdos de precios deben trabajarse intensamente con todos los actores involucrados, y deben estar necesariamente asociadas a un control de costos efectivo de las empresas formadoras de precios. Es una ardua tarea, que exige el desarrollo de gran cantidad de recursos humanos en el Estado, pero que es necesario comenzar a transitar con mayor intensidad, para poder elaborar nuevas regulaciones que controlen los precios en las distintas etapas de la producción y comercialización, evitando conductas abusivas.
El tema principal para resolver las subas de precios es realizar una profunda reforma impositiva, que haga recaer la mayor parte de la tributación sobre los impuestos progresivos, a las ganancias, bienes y fortunas personales. En especial, para controlar la puja distributiva, convendría aplicar una alícuota impositiva vinculada con una tasa razonable de ganancia para cada sector, por encima de la cual la tributación tendería a ser total. El objetivo es que deje de ser viable aumentar precios para acrecentar la ganancia, dado que el incremento adicional iría fundamentalmente al fisco vía impuestos.
Adicionalmente, resulta interesante evaluar la aplicación, sobre los principales insumos de los alimentos, de políticas que permitan separar el precio internacional del doméstico; también se podría fomentar la creación de mercados de abasto populares y estatales en la mayoría de las ciudades, gestionados con mecanismos de democracia participativa.
Queda claro que la sociedad está reclamando actuar sobre la inflación, y aquí surge también la puja ideológica, entre las “mágicas” recetas ofrecidas por los neoliberales para enfriar la economía y los que deseamos que la economía siga creciendo con mejor distribución del ingreso, con soluciones para los aumentos de precios que resultan mucho más complicadas de alcanzar por los intereses que se afectan; hacerlas viables es el gran desafío.(Tiempo Argentino)