La Presidenta anunció que enviará proyectos al Congreso para "democratizar la Justicia"

 “Lograr en serio una justicia democrática, no corporativa ni dependiente de los factores económicos". Además aseguró que "no se va a reformar ninguna Constitución”.
En primer lugar anunció un proyecto de ley para que los integrantes del Consejo de la Magistratura sean electos a través del voto popular. Sostuvo que el eje del proyecto es la “representación popular en la totalidad de los integrantes”.
 “Los jueces, abogados, académicos y científicos tienen que ser votados por sus conciudadanos, en absoluta regla con lo que expresa la Constitución”, dijo la mandataria y afirmó que “el constituyente delegó en el Poder Legislativo la forma y el número de esos consejeros. Hay que darle a ese organismo una representación popular en la que la sociedad se vea reflejada y representada”.
También será presentado al parlamento, crear la Cámara de Casación en lo Civil y Comercial, en lo Contencioso  Administrativo y en lo Previsional y Laboral, como una tercera instancia que “aligere y pueda darle mayor transparencia al sistema”.
Remarcó el interés de “democratizar el acceso al sistema judicial”, para que pueda ingresar “todo ciudadano que reúna requisitos y apruebe el examen correspondiente, a través de un sistema de sorteo público”. “Ingresar al Poder Judicial no debe ser un privilegio”.
Planteó que debe haber un Registro de causas y publicidad de acceso a la información para que “cualquier ciudadano sepa cuáles son las causas que tienen los jueces y cuánto tiempo están”. Explicó que “con un sistema de software se debe poder establecer un sistema transparente”, y subrayó que “a los políticos nos cuentan a todos las costillas, y está bien, porque estamos en el Poder Público, pero el Poder Público son los tres poderes, y los tres deben la misma transparencia”.
Por otro lado explicó que la Ley para que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias ya fue sancionada (24.631), por lo que aclaró que es una “decisión que deberá tomar el Poder Judicial”. 
 “Técnicamente ya hay una Ley que ha sido objeto de interpretación constitucional, la última palabra la tiene la Corte Suprema, y es la única que puede modificar su propia jurisprudencia”, informó la jefa de Estado y expresó la necesidad de “aclararlo para evitar malos entendidos y que nadie se sienta presionado”.
Cristina indicó que enviará al Congreso de la Nación un proyecto para reglamentar las medidas cautelares que, señaló, “se han transformado en una verdadera distorsión de derecho, una fuente de injusticia” ya que detienen la administración de la Justicia sin discutir la cuestión de fondo”.
En ese sentido recordó los casos en la Gendarmería y Prefectura, “un negocio formidable de algunos jueces subrogantes que dictan miles de cautelares y luego se declaran incompetentes”. También dijo que fue un juez subrogante el que dictó una medida cautelar contra las antenas de TDA y después se declaró incompetente.
 “Tiene que haber una reglamentación, no una eliminación de las cautelares”, dijo y subrayó que “tienen que volver a su verdadera funcionalidad dentro del sistema jurídico argentino”.
Además anunció un proyecto de Ley de Responsabilidad del Estado, con el objetivo de que el “Estado no sea tratado igual que un particular”. “Necesita otro tratamiento, no privilegiado, pero tampoco castigado”, dijo y explicó que las relaciones que rigen el Código Civil y Comercial, actualmente en tratamiento, son entre privados o con el Estado como actor de derecho privado.
Finalmente anunció un proyecto de Ley de Transparencia del Poder Público, para que se garantice el acceso público de las declaraciones juradas de los integrantes de los tres poderes del Estado.