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La Ciudad adhirió al acuerdo fiscal federal

 La Legislatura convirtió en ley la adhesión de la Ciudad al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, suscripto con la Nación y del que participan las provincias.

16.04.2018 07:59 |  Noticias DiaxDia  | 

Los diputados de la Ciudad aprobaron hoy la adhesión al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, instituido por la ley nacional 25.917 del año 2004 y actualizado por ley 27.428, del corriente año.

La Ley Nº 27.428 es el resultado del consenso alcanzado entre las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional en el marco de reuniones celebradas en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal con el fin de modificar y adaptar las normas a las necesidades y objetivos de la nueva realidad macro fiscal.

Según explican los fundamentos del Ejecutivo local y los considerandos del despacho de la Comisión de Presupuesto, la norma a la que adhiere la Ciudad consta de cuatro capítulos: Capítulo I, “Transparencia y Gestión Pública”; Capítulo II, “Reglas Cuantitativas”; Capítulo III, “Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, y Capítulo IV “Disposiciones Varias”.

El primer capítulo establece las "Reglas de Transparencia y de Gestión Pública” que deberán seguir las jurisdicciones, entre otras: publicación en la página web del Presupuesto Anual, proyección del Presupuesto Plurianual y de la Cuenta Anual de Inversión, la utilización de conversores para la obtención de clasificadores homogéneos con los utilizados por la Nación, calcular parámetros e indicadores homogéneos de gestión pública que midan la eficiencia en recaudación y gasto público y la modernización de los sistemas de administración financiera y tributaria, recursos humanos y de deuda.

En el Capítulo II, sobre “Reglas Cuantitativas”, el compromiso es que el incremento del gasto público corriente primario no supere la tasa de aumento del Índice de Precios al Consumidor, destinar el producido por la venta de activos fijos a financiar erogaciones de capital y no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público existente al 31 de diciembre de 2017.

Otras de las premisas son: sólo aprobar mayores gastos de otros poderes del Estado siempre que estuviera garantizado su financiamiento, no incrementar el gasto corriente permanente durante los últimos dos trimestres del año de fin de mandato, incluir estimaciones del gasto tributario y acordar políticas tributarias de armonización y de no incremento de la presión impositiva.

Asimismo, se insta a las provincias y Ciudad Autónoma firmantes a "tomar medidas para que el nivel de endeudamiento sea fiscalmente sustentable" y "elevar antecedentes y documentación correspondiente al Gobierno nacional para poder acceder a operaciones de endeudamiento con organismos que no pertenezcan al sector público no financiero".

El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal será el órgano de aplicación y tendrá su reglamento interno que se sancionará por dos tercios de las jurisdicciones nacional, provinciales y porteña. Allí se establecerá la periodicidad de sus reuniones, su forma de integración, la posibilidad de que el mismo aplique sanciones derivadas del incumplimiento de la ley y las condiciones para que las jurisdicciones adherentes puedan solicitar ante él excepciones a la normativa.

El artículo segundo de la ley sancionada este jueves, aclara que la adhesión a éste consenso fiscal "es de aplicación a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y demás entidades del Sector Público no financiero de la Ciudad".

El Ministerio de Hacienda de la Ciudad es el que "dictará las normas reglamentarias y/o complementarias e instrumentará los procedimientos que resulten necesarios para garantizar la aplicación del Régimen", especifica el artículo tercero.

El debate en el recinto acordado en función de la intervención de 10 minutos por bloque parlamentario comenzó con la exposición de la presidenta de la Comisión de Presupuesto diputada Paula Villalba (VJ) quien refirió a los antecedentes legislativos y destacó que "la finalidad de la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires es fortalecer las autonomías regionales y dar solvencia a las cuentas públicas, es un verdadero código de conducta fiscal". Además, mencionó que "dará flexibilidad para la obra pública y continuidad a lo que se viene haciendo". Por otra parte remarcó que "limita el endeudamiento público dado que no podrá superar el 15%" y explicó que éste "en la Ciudad a febrero último es de 12% y se proyecta para diciembre la pesificación del 50% del total". Incluso recordó que la iniciativa aumenta sanciones del Consejo Federal. La legisladora concluyó señalando que "la Ciudad de Buenos Aires destina el 53,4% del presupuesto a servicios sociales y el gobierno nacional asigna más del 60%". Por su parte Hernán Reyes (VJ) efectuó algunas aclaraciones puntuales y destacó la contribución a la estabilidad de las cuentas públicas y el achique del déficit para no tomar deuda".

SUMA+ y Mejor Ciudad a través de Juan Francisco Nosiglia explicitó el acompañamiento "dado que reduce la presión fiscal récord cercana al 40%", no obstante aludió a algunas consideraciones, tales como que "la presión fiscal en la CABA durante la última década fue superior al 60%". Planteó "la necesidad de una reforma a favor de la producción y el empleo" y advirtió que "la Ciudad incumple con el objetivo del resultado financiero neutro ya que de los últimos diez presupuestos, nueve fueron deficitarios; incluso para 2018 rondará los 7.000 millones de pesos". Manifestó que "también incumple en que los gastos primarios corrientes no superen la inflación pues en los últimos siete ejercicios aquellos estuvieron en promedio el 7,1% por encima, y respecto a la publicación de los datos del personal público la Ciudad ocupa el puesto 15 a nivel nacional".

Posturas de abstención fueron expuestas por Sergio Abrevaya (GEN) argumentando que "se trata de una cesión de la autonomía de la CABA para tomar crédito", y por Roy Cortina (PS) quien señaló: "estamos ante un problema sistémico en Argentina y Latinoamérica, es perverso atar el gasto de un Estado a la inflación o el incremento del empleo al de la población; es una propuesta de facilitar el endeudamiento para pagar cualquier gasto corriente" y aclaró que "la iniciativa es riesgosa porque la Ciudad está en un proceso de autonomía inconcluso".

Las posiciones por la negativa fueron explicitadas por Autodeterminación y Libertad mediante el diputado Fernando Vilardo, quien criticó "la política de ajuste en un marco de endeudamiento externo creciente" y en el mismo sentido lo hizo su par Patricio Del Corro (PTS-FI). "Estamos ante una ley de irresponsabilidad fiscal, de saqueo de recursos públicos bajo el monitoreo directo del FMI" sostuvo luego Gabriel Solano (FIT). Finalmente Carlos Tomada (UC) cuestionó que la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2007 hasta la actualidad haya tenido un déficit en aumento cubierto con endeudamiento, fue del 1,8% en 2007 y será de 4,7% en 2018". Acotó que "en el mismo período perdieron áreas de salud y educación públicas del 53% al 42% en 2017 y a pesar del crecimiento del 70% por la política nacional el endeudamiento por habitante pasó de 170 dólares a 1.206". "La adhesión implica un ajuste drástico sobre el recorte de impuestos a las empresas y la reducción del gasto menor que la inflación", explicó, "la inflación en 2018 en la Ciudad tiene un piso del 20%, no del 12% previsto en el presupuesto y el gasto caerá el 8,1%, más que a nivel nacional", concluyó.

Sobre un total de 57 legisladores presentes la ley quedó sancionada con 39 votos afirmativos del bloque Vamos Juntos, 15 negativos de UC, Bloque Peronista y de izquierda; y tres abstenciones (GEN, PSocialista).

El acuerdo avalado por la Legislatura fue un proyecto de la Jefatura de Gobierno de la CABA. Al consenso fiscal adhirieron 22 provincias, excepto La Pampa.
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