Aprueban erradicación de la cárcel de Devoto

Por iniciativa del oficialismo, los diputados porteños aprobaron  un convenio entre la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a los efectos de mudar la cárcel de Villa Devoto (Comuna 11) y permitir emprendimientos inmobiliarios en sus actuales terrenos.

El entendimiento fue firmado el 12 de marzo último por el jefe de Gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro nacional Germán Garavano y el presidente AABE, Ramón Lanús. El proyecto del Poder Ejecutivo impulsado por el diputado Francisco Quintana (VJ) obtuvo despacho de la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales, que conduce Juan Nosiglia (S+).

Se estipula desafectar el Complejo Penitenciario Federal de calle Bermúdez al 2600, que totaliza unas 4,7 hectáreas en Devoto, para lo cual previamente se construirá una nueva cárcel (en un lugar que el convenio no especifica) cuyo costo será solventado por la CABA.

Una vez desalojada la unidad penitenciaria y trasladados los internos y el personal al nuevo establecimiento, la Legislatura dispondría la rezonificación de esos inmuebles para autorizar emprendimientos urbanísticos.

El convenio marco tiene "el objeto de establecer acciones conjuntas y coordinadas" entre Nación y Ciudad, según sus competencias. Por empezar, el Gobierno de la CABA construirá para el MJDH un nuevo Complejo Penitenciario "bajo las condiciones y especificaciones que las partes acuerden". Luego, se producirá el traslado de todos los servicios del SPF a la nueva cárcel, tras lo cual se legislará la rezonificación de los terrenos liberados y la venta del inmueble.

Tal como se hizo con otros inmuebles nacionales transferidos a la Ciudad, el 35 por ciento del suelo se utiliza para construcción de edificios y 65 para espacio público, tal como anunció el jefe de Gobierno aunque esos detalles no figuran ni en el convenio ni en la ley votada hoy por los legisladores.

"Una vez que el inmueble del Complejo Devoto se encuentre desocupado, desafectado de los servicios del SPF y se encuentre rezonificado, se podrá proceder a su venta mediante las autorizaciones pertinentes y de acuerdo a las normas vigentes, a cuyo fin tomará la participación que le compete la AABE", consigna la cláusula quinta del compromiso bilateral. Las especificaciones y condiciones se fijarán en posteriores actas entre las partes, que serán representadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (por la Ciudad) y la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios (por la Nación).

La aprobación fue con 37 votos positivos de Vamos Juntos, Partido Socialista y Mejor Ciudad; la abstención de 14 legisladores de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, Suma+ y Gen y la oposición de 5 diputados del Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad.

El Debate

En el recinto, todos los diputados manifestaron estar de acuerdo con el traslado de la cárcel por razones humanitarias y urbanísticas, pero desde la oposición hubo también coincidencia en criticar la falta de precisiones respecto de los detalles no especificados en el Convenio Marco con la Nación y sobre el destino que se le darán a los terrenos, una vez desalojados.

El vicepresidente primero de la Comisión de Asuntos Interjurisdiccionales, Fernando Yuan (VJ), como miembro informante manifestó que "la resolución responde a un reclamo de más de 40 años de la Comuna 11. La convivencia con un penal es insostenible", enfatizó. Por otra parte confió en que "dará más seguridad al barrio y la creación de otro espacio verde y mejorará la calidad de vida de los vecinos".

Leandro Halperín (S+) dijo que “nadie puede disentir, no es lindo tener una cárcel cerca”, pero destacó que “se esconden muchas incertidumbres” sobre el acuerdo interjurisdiccional. Recordó que en la Ciudad está asumiendo responsabilidades penales traspasadas desde el ámbito federal “y si vamos a tener nuestro propio sistema de justicia, también se necesita un lugar para alojar a los sentenciados”, acotó, por lo que seguidamente llamó a definir una política penitenciaria porteña y exhortó “al Poder Ejecutivo que convoque al diálogo para definir esas políticas”.

Paula Penacca (UC) habló en nombre de su bancada y afirmó que “este tipo de convenios son un cheque en blanco”, insistió en que “faltan muchísimas especificaciones” y protestó que “una vez más volvemos a enterarnos por los medios de cosas que deberíamos saber por la vía oficial. En los papeles, está todo vacío; no sabemos dónde se va a hacer la nueva cárcel, cuál será la inversión, cómo será el recupero”, enumeró. También planteó preservar un “sitio para la memoria” (por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el lugar). Consignó que “el 62% de los presos de Devoto están a disposición de la justicia de la Ciudad”, por lo que llamó a atender lo relativo al traslado de esos internos a lugares lejanos.

Santiago Roberto (BP) enfatizó que “el convenio no dice nada de lo que plantean los funcionarios y esto se reitera con otros temas”. Explicó que su bloque “siempre acompaña a los vecinos y el traslado de la cárcel es un reclamo de todos los vecinos de Devoto” pero se excusó de votar favorablemente por la falta de información oficial.

Roy Cortina (PS) respondió desde su banca a las críticas contra el oficialismo y aseveró que la mudanza de la unidad penitenciaria “es un anhelo casi unánime de los 70 mil vecinos de Devoto. Esto significa un avance, más allá de los detalles y las críticas”, puntualizó. Luego de explicar que lo que estaba en consideración era “un convenio marco, al que luego se sumarán convenios complementarios”, pidió a la oposición votar afirmativamente el traslado de la cárcel“ y después vamos a dar la pelea para que los terrenos se zonifiquen como Urbanización Parque, con espacio preferencial para los niños, preservando la memoria y teniendo en cuenta lo que opinan los vecinos”.

Sergio Abrevaya (Gen) adhirió a la relocalización penitenciaria pero anticipó su abstención porque “las tierras de la Nación deberían pasar a la Ciudad y la Ciudad debería definir su destino, pero el convenio lo hace al revés. Decimos sí al traslado pero no a la venta que define la Nación”, remarcó.

Desde la izquierda, Fernando Vilardo (AyL) y Gabriel Solano (FIT) argumentaron la oposición de 5 diputados, fustigando la situación carcelaria “violatoria de los derechos humanos” y la venta de terrenos fiscales “ con un cheque en blanco para hacer negocios inmobiliarios". Vilardo también opinó que “no se aclara nada” en el convenio y Solano habló de “falta de seriedad, inconsulta con los vecinos de donde se dice que iría el penal (por Marcos Paz)” e ironizó que “van a hacer como con la basura: van a tirar los internos en el Conurbano”.

Marcelo Depierro (MC) votó a favor, a diferencia de su interbloque Evolución que se abstuvo, pero sumó sus quejas “a la falta de especificaciones; queda todo al libre albedrío de los funcionarios. No se sabe cuál será el costo para la Ciudad, se dice que 70 millones, otros dicen 130 millones. El Poder Ejecutivo debe explicitar cuáles son los compromisos que asumimos”, exigió.

Sobre el final de las deliberaciones, Santiago Romero (VJ) recordó que en 1995 hubo un decreto del presidente Carlos Menem para radicar los presos de Caseros y Devoto en las nuevas unidades penales de Ezeiza y Marcos Paz; luego, en 2011, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner también dictó un decreto de erradicación, que tampoco se cumplió.

“Yo celebro que ahora se haya hecho un convenio marco entre la Ciudad y la Nación y no un decreto presidencial porque esto permite rediscutir los detalles. Esto es un reclamo de más de 40 años de los vecinos de Devoto y está garantizado que el 65 % de los terrenos se destinarán a espacio público”, enfatizó el legislador oficialista antes de pasar a la votación.

Breve historia de la cárcel

Con distintos nombres oficiales, la cárcel de Devoto funciona desde el año 1927 en la manzana delimitada por Lozano, Bermúdez, Nogoyá y Desaguadero, sobre terrenos pertenecientes al Estado nacional. Tiene oficialmente una capacidad para alojar 1754 personas del sexo masculino. Su domicilio legal es Bermúdez 2651.

Sobre un terreno donado por la familia Visillac, funcionó primero como una dependencia de la Policía y luego pasó a depender del Servicio Penitenciario Federal. En su historia fue noticia por varias revueltas, incendios o motines o fugas resonantes.

El más cruento de los sucesos ocurrió en el pabellón séptimo, en 1978, donde se dijo que murieron 65 presos quemados, asfixiados y baleados. Hubo también activistas políticos, sindicales y estudiantiles detenidos al principio de los años 70. Pero el 25 de mayo de 1973, después de que Héctor Cámpora asumiera como presidente de la Nación, los portones y rejas del penal fueron abiertos por la presión de decenas de miles de manifestantes peronistas y de organizaciones izquierdistas que fueron a liberar a los que consideraban "presos políticos". En la ocasión, aprovecharon para fugarse muchos condenados por delitos comunes.

En la última dictadura militar, entre 1976 y 1983, se usaron sus dependencias como centro clandestino de detención y, al respecto, hubo denuncias de torturas, asesinatos y desaparición forzada de personas.

Por sus pabellones desfilaron míticos personajes del hampa, como el padre del clan Puccio, Arquímedes, y uno de sus hijos; el asesino serial Carlos Robledo Puch; los parricidas hermanos Schoklender; los mega asaltantes Luis "El Gordo" Valor y "La Garza" Sosa, entre otros.