Una de las primeras en hablar fue la médica ginecóloga María de los Ángeles Carmona, quien enfatizó en el tema de la objeción de conciencia establecido en el proyecto. Además de sostener que “no podríamos estar dando respuesta a esta ley con la cantidad de médicos que contamos hoy”, al referirse que en las guardias generalmente no hay médicos ginecólogos, afirmó que “los médicos no podemos trabajar bajo presión de cárcel”.

“La objeción de conciencia es un bien constitucional no negociable”, señaló la representante del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, que además remarcó “la lista de objetores de conciencia no debe ser pública porque generaría discriminación del médico en varios aspectos”, en alusión al registro donde los profesionales de la salud deberían inscribirse.

Al cruce de la doctora salió el presidente del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, quien se convirtió en una de las caras del Senado a favor de la iniciativa, al considerar que “la ley se queda corta” sobre la objeción de conciencia. “En el sector público no podría haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si usted trabaja en el sector público está obligada a cumplir la ley”, lanzó.

Para el titular del bloque Justicialista hay una “dramatización de esta cuestión” y aunque reconoció que “es un tema para profundizar”, los médicos actualmente “muchas veces con este argumento dejan en indefensión a chicas víctimas de violación”. El rionegrino agregó también que el Estado “debe tener una mirada más amplia y humana”.