Adhesión a la Ley Micaela

 Dicha norma establece que los agentes de toda jerarquía de los tres Poderes del Estado tengan capacitaciones obligatorias en género y cumplan con las Leyes Nacionales y observaciones internacionales. De esta manera se buscan nuevas herramientas para garantizar la igualdad de género y terminar con la violencia de género. Es en este sentido que la incorporación de la perspectiva de género en el Estado es una necesidad cada vez más imperiosa. La capacitación de carácter obligatorio, será a su vez, un requisito obligatorio necesario para la promoción a niveles superiores por concurso o progresión. En caso de incumplimiento de esta obligación será considerada una falta grave, cuyas consecuencias serán sanciones disciplinarias a las personas responsables.

La ley lleva el nombre de Micaela García, una joven de 21 años víctima de femicidio en la provincia de Entre Ríos. Tras su desaparición y luego de una semana de intensa búsqueda en abril de 2017, la muerte de Micaela conmocionó al país. Era una joven militante política, cuyo compromiso social por los derechos humanos y de las mujeres se hicieron eco en millones de argentinos/as. Al momento de su muerte, el asesino y abusador de Micaela, Sebastián Wagner, tenía una condena por dos casos de violación. El juez de la causa, Carlos Rossi, le había concedido la libertad condicional pese a que existían dictámenes que lo desaconsejaban.

El femicidio es la forma más extrema de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer por el hecho de ser mujer. Ante la ausencia de datos oficiales, la Asociación Civil La Casa del Encuentro a través del "Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano" relevó que del 1º de enero al 31 de octubre de 2018 se produjeron 225 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. Hoy en día en nuestro país ocurre un femicidio cada 32 horas.

Las masivas movilizaciones de mujeres y la denuncia hacia la violencia machista han puesto en la agenda pública las problemáticas y desigualdades que atraviesan las mujeres y las disidencias por cuestiones de género, cuyas formas son múltiples, así como los ámbitos en los cuales la misma tiene lugar. Es por ello menester que el Estado genere no sólo políticas públicas para la prevención y erradicación de esta problemática, sino que priorice capacitar y formar a quienes llevan adelante esas políticas. Los diputados Leandro Halperín (Ev), Mariano Recalde, Javier Andrade, Andrea Conde, Victoria Montenegro (UC), Héctor Apreda, Ariel Álvarez Palma, Gastón Blanchietiere, Natalia Fidel (VJ) y Silvia Gottero (BP) impulsaron la iniciativa que tiene dictamen de las Comisiones de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, de Legislación de Trabajo y de Presupuesto.

Durante el tratamiento del proyecto en el Recinto algunos diputados hicieron uso de la palabra. El impulsor de la iniciativa, legislador Leandro Halperín (Ev), afirmó que "la sociedad necesita políticas públicas que promuevan la igualdad de derecho. Se requieren acciones urgentes para prevenir este flagelo pero nos falta mucho más, debemos ir hacia la paridad en el Estado". Por su parte, la presidente de la Comisión de la Mujer, diputada Andrea Conde (UC), expresó: "Toda persona que trabaja en el Estado debe dar una respuesta a la sociedad. Es necesario un gobierno que garantice derechos y tenga perspectiva de género para erradicar la violencia hacia la mujer en todas sus formas".