Reformismo reaccionario

Todo parece indicar que el próximo 7 de abril, el anteproyecto de reforma del código penal que propone el oficialismo –junto a ciertos dirigentes de fuerzas políticas opositoras– se enviará "a Universidades, asociaciones profesionales y de magistrados, organismos de derechos humanos y otras organizaciones no gubernamentales”, según las propias palabras de uno de los redactores del borrador, Roberto Carlés, quien actualmente se desempeña como Coordinador de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal. (Imagino que el tamaño de las tarjetas personales de este señor no debe ser el habitual).

"Se agota el tiempo de los eslóganes publicitarios y de la demagogia punitiva, y se abre el debate a toda la sociedad” dijo Carlés –en obvia referencia a la campaña que desarrolla en todo el país el Frente Renovador de Sergio Massa– y agregó que, "ha llegado el momento de elevar el nivel del debate público sobre la seguridad, el delito y las penas"

Aunque parecen expresiones comunes y corrientes, hay en los dichos de Carlés más definiciones ideológicas de lo que se ve a vuelo de pájaro.

La primera que aparece entrelíneas es la definición de voluntad popular, pues el "debate público" que alienta el funcionario en sus declaraciones está sólo orientado a los ámbitos académicos o especializados –que no son "toda la sociedad", precisamente–, en tanto el tipo de análisis que propone reviste, a todas luces, un carácter técnico sólo abordable desde las ciencias jurídicas.

Está equivocado, ciertamente. El abordaje de un nuevo código penal debería estar direccionado, al menos en esta instancia, a una discusión sobre las necesidades puntuales, en materia criminal, de la sociedad argentina. Necesidades que claman mujeres y hombres, a diario, en las calles de las principales ciudades del país. Como bien dice Claudio Bonadío, "cualquier reforma debería traspasar las fronteras propiamente jurídicas de especialistas y académicos para incluir cuestiones de política criminal general que deben ser expresadas por el conjunto de la sociedad".

El anteproyecto oficial es todo lo contrario. Un ejemplo: todos sabemos que la Argentina enfrenta la amenaza de narcotráfico, donde se concentran varios negocios ilegales concurrentes, como la venta clandestina de armas y la trata de personas, y que es hoy uno de los principales "refugios" del capital especulativo internacional. Una encuesta de Poliarquía reveló que el 83 por ciento de la gente lo califica como el problema más grave a enfrentar –aún por encima de la inflación y la inseguridad en general–, sin embargo, el anteproyecto no explicita, ni fundamenta absolutamente nada sobre la cuestión.

Volviendo a los dichos de Carlés, la segunda definición que aparece con mayor nitidez es la relativización de la política. Pues lo que el coordinador llama despectivamente "demagogia punitiva" resulta ser la implementación de mecanismos que permiten canalizar la opinión popular. Más allá si se les puede otorgar o no un valor formal de consulta y más allá, también, de la opinión que tengamos de Massa y su partido.

Ya el ministro e la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, –quien aparece como mentor ideológico del anteproyecto– se había mostrado particularmente molesto con el uso que hace "la política" de este tema. Nada rara esta desconfianza de lo político, si tomamos en cuenta que este magistrado comenzó su carrera a la sombra de la Dictadura, pero sumamente inapropiada si se trata de definir el marco de análisis para un objetivo como este.

"Tanto la Constitución Nacional como el Código Penal vigente –dice Bonadío– estructuran (…) los derechos de los individuos frente al Estado o mayorías políticas, étnicas, raciales o religiosas dominantes (…) En este ejercicio de la delegación del poder popular está incluido el proponer la ley penal, ya que la determinación de los límites de la punición es un ejercicio de poder".

Para Carlés & Cía sería sencillo contestar a esto que, luego de su gira académica, el anteproyecto entrará al Congreso de la Nación donde se encuentra representada políticamente la sociedad a través de los distintos bloques. Pero hay un dato que refuta este argumento: la mayoría parlamentaria ha dejado de ser la mayoría política, en términos reales, como lo demostraron las últimas elecciones.

Por otro lado, a nadie se le escapa la imposibilidad de llevar a cabo un debate capaz de cambiarle algo más que aspectos de forma al anteproyecto, con la actual composición del Congreso. Cualquiera que haya seguido la forma en que se comporta la mayoría oficialista –votando acríticamente todo lo que ordena el Ejecutivo–, sabe que ni aún el más contundente de los argumentos haría recapacitar a sus integrantes.

Para terminar, todos entendemos que el código penal debería ser modificado, pero muy pocos argentinos van a apoyar el anteproyecto en cuestión. A fin de conquistar ese apoyo, deberían ofrecerse orientaciones claras sobre la lucha contra el crimen organizado y el debate parlamentario adecuado recién debería darse en el período legislativo que se iniciará en 2015.

También piensan en forma similar algunos integrantes de la comisión redactora, quienes han opinado públicamente que la relativa proximidad de la finalización del mandato del Poder Ejecutivo degradaría la discusión política sobre la reforma del código penal. Es que sobre este punto hay pocas dudas, tanto en los cenáculos académicos como en la intuición popular. Sólo falta que los populistas aprendan, finalmente, a interpretar lo popular.