Por la puerta o por la ventana

Este pasado jueves 15 de mayo, Diana Cohen Agrest ofreció una charla en la Legislatura de Mendoza. La expositora está doctorada en Filosofía, por la Universidad de Buenos Aires, y es Magíster en Bioética, por la Monash University de Australia. Con tales antecedentes, se desempeña desde hace ya tiempo como docente e investigadora del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También es comunicadora y ensayista.

Recuerdo que la primera noticia que tuve de ella fue al verla comentar la obra de Baruch Spinoza en un programa de Canal (á). Su mirada –física, no filosófica– aún no estaba ensombrecida.

Ha escrito varios libros. El último de ellos, Ausencia perpetua: Inseguridad y trampas de la (in)Justicia, es una reflexión crítica sobre el llamado "garanto abolicionismo" y su despliegue en la superestructura judicial argentina. Es un más que recomendable ensayo, con toques de catarsis emotiva. En él, la elusión del sentido instalada en los discursos sobre política criminal y la relativización de lo justo que se cierne sobre la Justicia argentina, quedan desnudadas con una lucidez única. Una lucidez y una inteligencia, diría yo, que sólo puede aportar la irrupción de lo trágico; de lo trágico sentido en carne propia.

Desde esta expresión intento remitir al que, posiblemente, sea el dato más popularizado en la vida de la pensadora: el 8 de julio de 2011 Ezequiel, su hijo de 26 años, fue asesinado durante un asalto en el barrio porteño de Caballito, a plena luz del día. A esa ausencia perpetua –que se alude en el título del libro–, la Justicia respondió con una sentencia fugaz, convirtiendo conceptualmente a los victimarios materiales en supuestas víctimas sociales.

Pero volvamos a la charla, que estuvo dedicada, principalmente, a desglosar los rasgos salientes del anteproyecto de Reforma del Código Penal. Entre otras cosas, Cohen Agrest explicó que una de las consecuencias menos deseables del plan oficial es la de "profundizar la brecha entre la pérdida de legitimidad del discurso jurídico penal y las demandas de la ciudadanía".

Por otro lado, advirtió que el anteproyecto "ratifica fallos aberrantes que dictaminaron la inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia que, según dicen los acólitos de Zaffaroni, es usado para estigmatizar e impedir la libertad condicional". Para la ensayista, de imponerse este criterio "un homicida serial será juzgado como si, con cada víctima, inaugurara su historia criminal".

Además de señalar reiteradamente la complicidad de la oposición parlamentaria –subrayando la presencia de Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Federico Pinedo (Pro), entre los integrantes de la comisión de reforma– , Cohen Agrest contestó a las impugnaciones que tales dirigentes hacen de sus críticos, calificándolos de "impulsores de la mano dura o del linchamiento".

La filósofa aclaró que, precisamente, esos intentos de ajusticiamiento por mano propia difundidos por los medios en los últimos meses, son "respuestas disfuncionales a la inacción de la Justicia" que nos hacen "volver al estado naturaleza". "El metamensaje de estos hechos –agregó– condensa la voluntad popular de imponer justicia cuando el Estado desconoce que su función última es garantizar la vida de los ciudadanos".

Finalmente, la charla culminó con un debate, en donde la gran mayoría de los presentes coincidió en que la reforma anunciada difícilmente podrá imponerse, a raíz de las claras expresiones de rechazo que aparecen en distintos sectores sociales y políticos. (Al parecer, esta semana Sergio Massa presentaría una voluminosa carpeta de firmas, recolectadas en todo el país, opuestas al tratamiento legislativo del anteproyecto).

Pero Cohen Agrest, si bien coincidió en el diagnóstico, advirtió que debe ponerse mayor atención al debate sobre reforma ya no del Código Penal, sino del Código Procesal Penal.

Con este objetivo se han elaborado sendos proyectos, presentados por legisladoras tanto del oficialismo como de la oposición (Diana Conti y Patricia Bullrich, entre ellas, integrantes de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados). También alertó sobre la discusión sobre el mismo tema que aborda la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, en base a los proyectos de Pedro Guastavino (FpV) y los radicales Ernesto Sanz y Nito Artaza.

No es un tema menor, ni mucho menos.

Como se sabe, el CPP regula los procedimientos de la justicia penal, por lo que su vigencia o reforma son mucho más gravitantes que si se efectuaran en el propio Código Penal. Este instrumento judicial establece, por ejemplo, cómo se puede acusar, investigar y juzgar un delito y quiénes pueden hacerlo; qué derechos tienen las víctimas y los acusados; cómo serán los procedimientos judiciales o cuáles las modalidades de condena y absolución, etc.

Los proyectos presentados, según informó la agencia oficial Télam, proponen un sistema oral para agilizar los juicios y la creación del juicio por jurados –una locura, considerando la vulnerabilidad del argentino corriente de ser "apretado" (¿o es que ya nadie recuerda a Jorge Julio López?)–, entre otras reformas para abolir el derecho penal punitivo, reemplazándolo por penas alternativas, como la pena natural, pasible de ser invocada por un homicida herido alegando que intentó defender su vida.

Es decir, se estaría dando forma instrumental a los mismos lineamientos propuestos en el anteproyecto de reforma del Código Penal, que nunca llegó al Congreso, de manera solapada y a espaldas de la opinión mayoritaria. Lo que no podrán meter por la puerta, intentarán ingresarlo por la ventana. Extraña manera de cumplir con la tan promocionada "democratización de la Justicia".