Populismus interruptus

Se los llama oficialmente "fondos buitres". Pero hay cierta parcialidad en esta denominación, el apetito de rapiña no es un rasgo exclusivo de los dueños o administradores de los títulos de la deuda argentina –los que no entraron en la restructuración de 2005 y 2010–, sino de toda forma de valorización financiera del capital. La especulación es su forma de vida, por decirlo de alguna manera, y esto lo saben todos aquellos que actúan según las reglas del sistema bancario y financiero mundial, incluidos los sucesivos gobiernos argentinos que formaron o reciclaron la deuda estatal.

Enriquecerse en base a los vaivenes de las cotizaciones de los activos sin producir ni una tuerca es, en sí misma, una práctica económica de buitres. Pero lo es en todos los casos. Tanto cuando se compran emisiones de deuda de países en crisis, por menos del valor que se exige luego, como cuando se adquieren terrenos en El Calafate, que multiplican por diez su precio en pocos años.

Pero vayamos a lo estrictamente informativo. Cuando la Corte de Estados Unidos se negó a tratar el problema –visto como tal sólo por los abogados argentinos– y confirmó así la orden de pago sancionada por el juez de Nueva York, Thomas Griesa, varios funcionarios actuaron por simple reflejo y salieron a batir el parche del recetario propagandístico nac & pop, cuya fecha de vencimiento expiró hace ya tiempo.

Entre ellos, la propia jefa de Estado y su ministro de Economía, quien llegó a decir por la cadena nacional que se habían iniciado los pasos para cambiar la jurisdicción del pago de la deuda. Como se sabe, traducida al lenguaje técnico del derecho, esta mentirosa apelación a la soberanía judicial significa simple desacato e ingreso de la Argentina al default.

¿Por qué? Simplemente porque se estaría faltando al compromiso adoptado por el Estado argentino respecto a dirimir los conflictos judiciales de su deuda externa en tribunales estadounidenses. Compromiso que no asumieron la Dictadura, Menem o la Alianza, sino el flamante presidente Néstor Kirchner , mediante el Decreto 319/2004, que firmó junto al ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández (hoy ambos integrantes del Frente Renovador).

Es decir que Kiciloff descubrió –algo tarde, por cierto– que su enfática fe kirchnerista lo había llevado a enfrentar nada menos que la voluntad explícita del Jefe Celestial, del Nestornauta, expresada mediante un decreto presidencial de puño y letra. Algo así como negar la Ley de Dios recitando el catecismo.

Seguramente, tampoco sospechaba el voluntarioso Axel que Kirchner reiteraría los hábitos de su repudiado antecesor renunciando a la inmunidad soberana del Estado, porque "es la práctica común en los mercados extranjeros", según le explicó al diario Clarín, por entonces su multimedio de confianza. Tan común parece haber sido esta costumbre que Kirchner contrató al estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que desde 1989 le había brindado sus servicios al gobierno de Menem.

Tal vez el repudio de los Kirchner por el neoliberalismo de Menem era demasiado reciente o abrupto, en 2004 –y luego de diez años de acompañarlo políticamente– para ser tomado al pie de la letra. Por otro lado, no hace falta ser keynesiano ni marxista para saber que la deuda debía ser investigada antes de su restructuración. Cuando la Dictadura arremetió trágicamente sobre la vida nacional, la Argentina debía 7 mil millones y cuando se fue, en 1983, su deuda externa alcanzaba los 45 mil millones.

Este monto no sólo incluía la estatización de la deuda privada de poderosos grupos económicos, sino que el propio Banco Mundial certificó que la abultadísima suma había sido utilizada para cualquier cosa menos para el bien común: un 40 por ciento se gastó en la fuga de capitales; otro 30 en pago de intereses y el 30 restante en compra de armamentos.

Quienes llevaron a cabo la restructuración kirchnerista de la deuda, también debieron considerar que, hacia el 2000, el juez Jorge Ballestero había emitido un fallo corroborando su ilicitud, según la investigación desarrollada por el investigador Alejandro Olmos (hoy excluido del santoral nacional y popular, coincidentemente). En esa causa se estableció, además, la responsabilidad penal de los funcionarios que la contrajeron y la corresponsabilidad de los organismos internacionales –como el ahora exigente FMI– que aprobaron tales préstamos, considerados ilícitos y fraudulentos.

Demasiado interesado en no dar esta discusión, entonces, el Gobierno disolvió rápidamente la gesta "Patria o Buitres" –que iba a iniciarse durante el acto por el Día de la Bandera, en Rosario– e instrumentó una negociación sobre la forma de pago. Y no sólo tiraron la toalla en la solicitada del Wall Street Journal –donde poco les faltó para pedir clemencia al juez, a los buitres y a quien sea–, sino que la propia Cristina, en el mismo escenario desde donde pensaba encender el ánimo de los militantes, apenas reclamó que "se le generen las condiciones a la Argentina" para pagar todo lo que le piden, ya que "dimos prueba de ello (de ser cumplidores) en varias deudas contraídas anteriormente".

Tal vez ha comenzado un sinceramiento, obligado, mucho mayor de lo que imaginamos.