El ministro de Justicia, Julio Alak, repudió los femicidios, instó a reducir la intolerancia doméstica y alentó al desarme para evitar nuevas muertes. Se recibieron casi 73 mil llamados por enfrentamientos domésticos desde 2008, se intervino en más de 13 mil casos y se atendieron 20 mil víctimas.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, consideró que el femicidio se ha convertido en “un flagelo nacional contra el cual todos tenemos que comprometernos, porque el silencio alimenta a los verdugos y si no erradicamos la violencia de género y familiar, jamás seremos una sociedad de iguales”.
El titular de la cartera instó a la ciudadanía a “deshacerse de las armas de fuego para evitar que los conflictos interpersonales tengan desenlaces fatales”; y en ese orden informó que el programa de atención a las víctimas de violencia familiar que desarrolla la cartera a su cargo, “en cinco años recibió 72.915 denuncias, intervino en 13.686 oportunidades y asistió, desde 2006, a 19.156 víctimas”.
El funcionario consideró además que “la violencia contra la mujer implica siempre el ejercicio de alguna fuerza, sea económica, verbal o física, y cuando en el hogar hay un arma se refuerza la posibilidad de que cualquier discusión termine en una tragedia”.
“En un país en serio no pueden ocurrir muertes absurdas y evitables”, dijo Alak, luego de recordar que el Estado nacional tiene en marcha el Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que en octubre último recibió el premio “Política del Futuro” que entrega la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con el cual ya se sacaron de circulación casi 300 mil dispositivos.
Las estadísticas del Programa Las Víctimas Contra las Violencias que dirige la especialista Eva Giberti, señalan que entre enero y octubre de este año se recibió un total de 12.052 llamados por hechos de violencia familiar, que obligaron a cumplir unas 1.791 intervenciones para atender a 2.579 víctimas, de las cuales 1.590 eran menores de edad.
Sin armas de fuego habría menos muertes absurdas
El ministro Alak, recordó que, “si no hay armas de fuego en las casas, es muchísimo menos probable que los conflictos terminen en estas muertes absurdas” y recordó que “en Argentina, el 65% de los homicidios dolosos no ocurre durante la comisión de otro delito, como un asalto, sino como consecuencia de controversias entre personas conocidas entre sí, como familiares, amigos o vecinos”.
“Un arma en la casa es más un riesgo que una protección”, insistió Alak, y destacó que, a partir de ese convencimiento, “el Gobierno nacional, con la activa colaboración de las provincias, los otros poderes del Estado, y organizaciones de la sociedad civil, profundiza las políticas tendientes a desalentar la tenencia de armas en la población civil”.
El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego está vigente en el país desde 2007, y ya permitió sacar de circulación 283.486 armas de fuego y 1.175.896 municiones.
El programa consiste en la entrega de armas de fuego de manera anónima y voluntaria por parte de los ciudadanos, a cambio de un incentivo económico. Los centros de recepción son las delegaciones del Registro Nacional de Armas (RENAR) de todo el país y los puestos móviles que instala el organismo en todo el territorio nacional. Como valor añadido, el material resultante de la destrucción y fundición de las armas es donado a la Fundación del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.
Alak destacó que "Argentina es líder mundial en materia del desarme civil, entendido como una política pública clave para reducir los niveles de violencia en la sociedad, a tal punto que es el país que más armas de fuego lleva destruidas”.