El relator de la ONU presentó un informe sobre libertad de opinión y expresión

En la apertura del acto, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, aseguró que ese "debate que nos estamos dando  es fundamental para el desarrollo de la institucionalidad de la democracia, justamente en vísperas de cumplir 30 años de vida democrática”.

“Los ciudadanos, por mucho tiempo, creímos que el nexo entre la realidad y el pueblo no era parte de la realidad. Comprendemos que ese nexo, los medios de comunicación, son parte de la realidad y la interpretan”, reflexionó el funcionario.

Frank La Rue sostuvo, por su parte, que “todo funcionario público tiene la obligación de denunciar cualquier delito de los derechos humanos”, y aseguró que “los archivos encontrados sobre la última dictadura los remitió un oficial de las Fuerzas Armadas. En cualquier otro país, el destino de esos archivos seguramente sería otro. Pero en la Argentina hay un cambio de época, una madurez en materia de derechos humanos”.

“La única manera de no volver a vivir los horrores del pasado es ejercitar la memoria, discutir, debatir; es la memoria la que nos permite que no se vuelvan a repetir estos hechos”, opinó.

La presentación fue organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). 

Contó con la participación del viceministro de Justicia, Julián Alvarez; el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, Carlos Pisoni; el titular del CIPDH, Baltasar Garzón; la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Graciana Peñafort; el interventor del Inadi, Pedro Morautian; Sebastián Rolandi (del AFSCA); el titular de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto, y la defensora del Público, Cynthia Ottaviano.

El subsecretario de Promoción de Derechos Humanos expresó que “la información no es una mercancía, como nos habían querido convencer. La verdad es la que da el derecho y la democracia a nuestros pueblos”.

El titular del CIPDH, Baltasar Garzón, aseguró que "las transiciones a la paz y la democracia, basadas en el silencio sobre los crímenes, las atrocidades o las situaciones de impunidad en el pasado, no son sostenibles", en relación al proceso de Memoria, Verdad y Justicia que vive la Argentina.

Remo Carlotto dijo que sintió “una paz interior al declarar la vigencia de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley que venía a romper la estructura monopólica de la comunicación”.

Por su parte, Pedro Mouratian indicó que “lo que transforma la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es entender a la información como un derecho”, y exhortó a “profundizar el derecho a la verdad y a seguir debatiendo sobre ello.

A su turno, Peñafort detalló que “la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nunca pudo ser obra de un gobierno ni de una persona detrás de un escritorio, sino de un pueblo, que la discutió, la debatió y logró su plena vigencia”.

“Cuando llegó a mis manos el informe que trata sobre el derecho a la verdad, me pareció un debate necesario ante el derecho a la libertad de expresión. Cuando sabemos algo sobre violación a los derechos humanos, hay un interés social y colectivo de que los responsables de esas violaciones cumplan su condena por los delitos cometidos”, agregó la directora de Asuntos Jurídicos del ministerio de Defensa.

En el mismo sentido, la defensora del Público,  Cynthia Ottaviano, aseguró que “en la Argentina de los últimos años, hemos decidido que sin memoria, no hay verdad. Es cierto que los medios de comunicación han formado parte de esa matriz económica y social para que existieran 30.000 detenidos desaparecidos durante la última dictadura. No fueron cómplices, fueron actores principales de estos hechos”.