Justicia promueve la participación de ministerios provinciales en la lucha contra el narcotráfico

El encuentro, que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, fue presidido por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, con la coordinación del secretario de Justicia, Julián Álvarez, y contó con la participación de representantes de la mayoría de las provincias.

Hasta el presente, la investigación, el juzgamiento y la sanción de los delitos vinculados al narcotráfico es responsabilidad de la justicia federal, pero la ley 26.052 de 2005 permite que, por vía de adhesión de las legislaturas, se sumen a esta lucha las justicias provinciales.

Por el momento, sólo ha adherido a esta normativa federal la provincia de Buenos Aires, que, a partir de esa decisión, ha sumado más de 60 fiscales especializados y 100 jueces de garantías al combate del tráfico de drogas ilícitas. En la actualidad, la población de las unidades penales bonaerenses está compuesta en un 10 por ciento por condenados por tráfico y comercialización de estupefacientes que fueron juzgados por el Poder Judicial de la Provincia.

Esta experiencia ha llevado a que otras provincias estén trabajando en pos de la adhesión a la ley nacional, entre ellas Salta -que adhirió recientemente-, Chaco y La Pampa.

La opinión mayoritaria de los ministros de Justicia, expresada en el encuentro de  fue a favor de promover que las provincias se comprometan con este desafío para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Y para que, de esa manera, gran parte de los 2.100 fiscales de los poderes judiciales provinciales puedan unir esfuerzos con los 183 fiscales federales.

La Ley federal Nº 26.052 fue sancionada por el Congreso de la Nación el 27 de julio de 2005. En su artículo segundo, establece que "los delitos previstos y penados por esta Ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires que, mediante ley de adhesión opten por asumir su competencia” en esta  materia.

Al respecto, Alak sostuvo que “la actuación de las justicias provinciales en delitos vinculados al narcotráfico, si bien se limita a casos menores de comercialización y tráfico, permite llegar, desde ese eslabón inferior de la cadena delictiva, a importantes organizaciones criminales, colaborando así con la Justicia federal”.

El funcionario destacó que, “además, la lucha contra el narcotráfico genera un impacto muy positivo en el combate del lavado de activos, porque permite el decomiso de los bienes provenientes de actividades ilícitas que están en propiedad de los narcotraficantes”.

En otro orden, los ministros de Justicia de todo el país y las autoridades nacionales avanzaron en la coordinación de acciones destinadas a prevenir y sancionar eventuales casos de saqueos que pudieran producirse en los próximos días.

“Están activados los mecanismos necesarios para proteger la paz social, los bienes y la integridad de los ciudadanos”, dijo Alak, y fue enfático al subrayar que “los responsables de saqueos y delitos de alteración del orden público como los que se registraron este mes en distintos puntos del país deben ser imputados, procesados y sancionados por la Justicia, con el agravante correspondiente cuando estuvieren involucrados funcionarios de las fuerzas de seguridad”.