El Gobierno Nacional intervino para levantar el corte de la Autopista Illia

Ayer por la noche, el secretario de Seguridad Sergio Berni se presentó ante las personas que mantenían interrumpido el tránsito de la autopista desde hace ocho días y abrió un canal de diálogo, ante la falta de acción de las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires,garantizando a los manifestantes una reunión con funcionarios del Gobierno Porteño para resolver el conflicto
Desde allí, Berni mantuvo conversaciones con la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad, Carolina Stanley, y con el ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro, quienes se comprometieron a atender a los manifestantes mañana a la tarde.“Faltó voluntad y pericia por parte de algún funcionario del Gobierno de la Ciudad” aseguró Berni luego de destrabar el conflicto.
Asimismo, el secretario de Seguridad de la Nación solicitó también a la Fiscal que entiende en la causa, Dra. Daniela Dupuy, “arbitre las medidas conducentes a instar el procesamiento del Comisionado de la Policía Metropolitana, Roberto Panario, al no haber dado cumplimiento a la orden que le fuera impartida de evitar y prevenir que se cometieran nuevas contravenciones en la Autopista Illia a partir del 2 de enero”.
Berni fundamentó el pedido de acuerdo a la “Ley de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires” que establece que las funciones de la Policía Metropolitana son “brindar seguridad a las personas y bienes, prevenir la comisión de delitos y contravenciones y hacer cesar dicha comisión”.
El escrito que envió Berni informa a la Fiscal todas las acciones que llevó a cabo el gobierno nacional para levantar el corte de la autopista, ante la falta de acción de las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
El corte, que se inició hace ocho días, abarcaba esa autopista desde la calle Arroyo hacia la Costanera y desde la Avenida Lugones y Sarmiento, hacia el centro porteño.El bloqueo se había originado por una protesta de vecinos desalojados -por orden judicial- sobre terrenos pertenecientes al Ferrocarril Belgrano Norte y por el incumplimiento del Gobierno de la Ciudad de la medida judicial que lo obligaba a estar presentes en el desalojo y asistir a las personas que quedaran en situación de calle.