A continuación, el comunicado del Ministerio de Economía.
"La República Argentina presentó una petición ante la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitando que revise las decisiones erróneas de los tribunales inferiores que prohíben al país efectuar el pago de los cupones de deuda en cumplimiento, que se está abonando en tiempo y forma conforme a sus términos, a menos que pague en su totalidad a los acreedores que se negaron a participar en la reestructuración de la deuda (los llamados “holdouts”).
Estas decisiones violan la soberanía de la República Argentina al intentar coaccionarla a pagar a los demandantes con reservas que gozan de inmunidad soberana.
Debido a que no existe un régimen de quiebras para Estados soberanos, Argentina siguió la práctica internacional y reestructuró exitosamente casi el 93% de su deuda, cumpliendo desde entonces con los pagos a los tenedores de bonos. Argentina nunca ha repudiado su deuda y se ha comprometido a tratar a todos los bonistas de manera equitativa, incluidos los litigantes.
Las consecuencias de este caso trascienden a la República Argentina. De no revisarse, las decisiones de los tribunales inferiores podrían tornar virtualmente imposibles futuras reestructuraciones de deuda soberana; impedirían el adecuado funcionamiento de los mercados internacionales de capitales; pondrían en riesgo el estatus de Nueva York como uno de los principales centros financieros globales y afectarían negativamente las relaciones internacionales. Estas decisiones amenazan en forma manifiesta el bienestar de la República Argentina y sus ciudadanos, así como el de innumerables tenedores de deuda argentina en cumplimiento.
La petición argentina plantea cuestiones de suma importancia, por lo que considera que la Corte Suprema de los Estados Unidos debería revisar y corregir las decisiones de los tribunales inferiores. Así, se le ha solicitado a la Corte (1) que reenvíe al más alto tribunal estadual de Nueva York la cuestión de la interpretación de la cláusula pari passu contenida en los bonos soberanos, y (2) que revise y revierta la interpretación errónea de la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos (FSIA) adoptada por los tribunales inferiores.