Entre los buitres y las luchas obreras Por Marcelo Ramal

La industria acumula diez meses consecutivos de caída y lo mismo ocurre con la construcción. La quiebra del fisco se ha agravado. El locuaz Capitanich acaba de señalar que “sin subsidios no habría déficit”: o sea que anuncia el tarifazo y se olvida de la carga de la deuda. Para los primeros cinco meses del año, el Indec porteño calcula un aumento de la carestía del 20 por ciento, y la previsión anual llegaría al doble. La carestía se combina con la renovada carga del impuesto al salario. Pero la situación es más grave entre los precarizados. Un reciente estudio señala que cuatro de cada diez trabajadores no pueden cubrir “sus necesidades elementales de consumo” (Observatorio de UCA).

Por otra parte, la crisis con los fondos buitre no tiene visos de salida. Sólo queda esperar un recurso de último momento, que comprometa en firme al gobierno a pagar y se reponga el amparo para que cobren los fondos que entraron en el canje. Una cesación de pagos, aunque fuera parcial, desataría la ejecución de los seguros contra defol y el reclamo de pago de todas las deudas de una vez -¡lo cual se vería impedido por el mismo fallo! En lo que resta de su mandato, el kirchnerismo tendría que afrontar compromisos de deuda de entre 11.000 y 15.000 millones de dólares, casi todas las reservas disponibles.

El gobierno celebra que la patronal sojera se vea forzada a vender la cosecha y liquidar los dólares. Ello sólo obedece a la previsión de una mayor caída de sus precios -por debajo de 400 dólares la tonelada, cuando había superado los 600. La presión por una nueva devaluación del peso, acompañada por un tarifazo, se acentúa.

En este cuadro, los trabajadores de Cables Lear continúan su encarnizada resistencia contra despidos y suspensiones. La política de la burocracia del Smata -”aguantar unos meses con suspensiones”- ha fracasado. La lucha de los obreros de Emfer contra el vaciamiento del taller de los Cirigliano ha dejado planteada la estatización bajo control obrero.

Por otra parte, el despojo del impuesto a las ganancias aplicadas a los salarios se ha generalizado entre los gremios que cerraron sus paritarias. El masivo paro bancario contra el impuesto al salario, del pasado 8, es una tendencia que se extiende a otros gremios. La docencia de Buenos Aires se ha visto obligada a reanudar la lucha: Udocba, la FEB y los Suteba combativos plantean el no inicio del segundo cuatrimestre, en reclamo de la reapertura de las paritarias. Mientras esto ocurre, las grandes patronales alimentarias exigen “repasar” a los precios los aumentos de salarios, comenzando por los (supuestos) precios cuidados.

La respuesta de los trabajadores contrasta con el parloteo de la oposición tradicional a los K. En medio de la crisis económica y social, los Massa, Macri o Carrió están a la expectativa de que el gobierno lleve hasta el final el Rodrigazo -o sea, la liberación de tarifas, el arreglo a como sea con los usureros internacionales y el traslado de toda la hipoteca de la crisis a los que trabajan. Esperan que el gobierno envíe el proyecto de ley de hidrocarburos para legitimar la entrega petrolera. Con esa finalidad, aprietan las clavijas para “licenciar” a Boudou, cuya situación judicial es insostenible. En lugar de romper con los pulpos internacionales, los K se defienden del ataque respaldando a Boudou.

Los Moyano y los Barrionuevo amagan ahora con un nuevo paro nacional contra el impuesto al salario para soltar aire ante la presión obrera, sin ninguna perspectiva de lucha consecuente.

En función de estos factores de conjunto, insistimos en el planteo de una huelga de 36 horas y un plan de lucha por la prohibición de suspensiones y despidos, y la ocupación de toda empresa que lo haga; la abolición del impuesto al salario; un aumento de 3.600 pesos para jubilados y trabajadores; el repudio de la deuda con los fondos buitre y del conjunto de la deuda externa usuraria. Por un plebiscito para que el pueblo decida.