| MINISTERIO DE ECONOMIA
Costa: El Estado no va a intervenir a las empresas
El secretario de Comercio, Augusto Costa, enfatizó que las modificaciones a la Ley de Abastecimiento, vigente desde 1974, no están inspirados en la legislación venezolana. Dijo que se la convertiría en "menos intervencionista" y que son las "grandes corporaciones" quienes la rechazan.
20.08.2014 06:20 |
Noticias DiaxDia |
En diálogo con FM Vorterix, y a horas de ser tratada en el Congreso, el titular de Comercio se refirió a la polémica que desataron algunos sectores respecto de la modificación a la Ley de Abastecimiento.
“La ley ya existe y ahora se la está haciendo menos intervencionista porque se la está limitando y racionalizando, haciendo mucho más claro, el ámbito de intervención del Poder Ejecutivo en las distintas cadenas de valor, las circunstancias que lo ameritan y, por eso, está recibiendo el apoyo unánime de las representaciones de los actores más pequeños y genera un rechazo de las grandes corporaciones porque, efectivamente, en caso que algún actor monopólico genere un perjuicio vamos a tener este instrumento, como lo tenemos actualmente”, sostuvo.
Costa subrayó, asimismo, que “el Poder Ejecutivo envió al Congreso un paquete de iniciativas que supone algunas novedades y otras que son reformas de legislación vigente”.
“Las novedades más relevantes son: la propuesta de creación de un nuevo fuero de Justicia del Consumidor, con diferentes instancias para facilitar el reclamo por parte de los consumidores, que son muchas veces -en las relaciones de consumo- quienes sufren abusos por parte de empresas y, al ser el eslabón más débil, necesitan de una ‘justicia especial’, con la que hoy no cuentan”.
“Otra novedad es la creación de un observatorio de precios, que va permitir hacer un seguimiento muy pormenorizado de la evolución de precios, la disponibilidad de bienes e insumos, para conocer -a ciencia cierta- dónde aparecen distorsiones, abusos de algún actor del mercado con posición dominante”, agregó el funcionario.
Al respecto, criticó que “se está tratando de desviar la cuestión a algunas reformas a legislación vigente -que se está proponiendo, también, en este paquete- y que tiene que ver con modificaciones a las leyes de defensa del consumidor, lealtad comercial, defensa de la competencia y la denominada ‘ley de abastecimiento’”.
El secretario de Comercio advirtió que “se está simplificando mucho la discusión, se está perdiendo el eje y se están apuntando todos los cañones contra un proyecto que reforma una legislación vigente de 1974 y que hoy está plenamente disponible, para que el gobierno pueda llevar adelante sus políticas”.
Y reiteró que “no es una novedad, no es una competencia nueva, no está inspirado -como se dijo por ahí- en la legislación venezolana”.
Sobre los cuestionamientos, respondió:: “Los que hablan sobre el avance sobre la iniciativa privada, o algunas barbaridades que están diciendo por ahí como: ‘Esto es, lisa y llanamente, la estatización del mercado’, tardaron 40 años en darse cuenta de que la ley permite eso. Pero… ¿por qué está escrito eso en la ley y nadie lo denunció antes? Porque es una ley que se utiliza muy ocasionalmente, ante situaciones claras de perjuicio a gran parte de los consumidores argentinos por abuso de algún actor con poder dominante, monopólico, y que nunca recibió ningún tipo de fallo que hable sobre la inconstitucionalidad de la ley, que es otra de las cosas que se están comentando”.
“Los que están reaccionando son los representantes de las grandes corporaciones y de los grandes capitales concentrados y no se les está dando lugar a los representantes de las pequeñas empresas, de las asociaciones de los consumidores”, dijo Costa, para luego insistir con que “quien reacciona es quien se ve que ante una legislación que permite proteger a los eslabones más débiles”.
“Lo que estamos haciendo es eliminar cualquier posibilidad de que el gobierno intervenga a las empresas. Lo que estamos haciendo es dejar la posibilidad de que, en caso de que haya una clara actitud de desabastecer algún bien sensible y que eso perjudique a la población -cosa que se produce en momentos de crisis y casos excepcionales-, que sí se disponga la continuidad de la producción o comercialización de determinados bienes pero de ninguna manera el Gobierno va a intervenir una gestión directa de las empresas”, concluyó.