Interbloque UNEN de la Legislatura - Preocupación por la situación de las familias que fueran desalojadas del predio “Barrio Papa Francisco”

"Se debe avanzar sin demora con el saneamiento del terreno contaminado, del cual fueran desalojadas las familias habitantes; para el posterior e inmediato proceso de urbanización completa de la villa 20, conforme el censo realizado por el Instituto de Vivienda del GCBA y del cual fuera veedora la Defensoría del Pueblo de la Ciudad."
Diputados del Interbloque UNEN de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires:
JAVIER GENTILINI, Presidente de la Comisión de Vivienda, Bloque Proyecto Sur
MAXIMILIANO FERRARO, Vicepresidente 3ro. de la Legislatura, Bloque Coalición Cívica-ARI
HERNÁN ROSSI, Presidente Bloque Suma Más.
HERNÁN ARCE, Presidente de la Comisión de Legislación General, Bloque Partido Socialista
PAULA OLIVETO LAGO, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Bloque Coalición Cívica-ARI
VIRGINIA GONZÁLEZ GASS, Presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental, Bloque Partido Socialista Auténtico
JUAN NOSIGLIA, Bloque Suma Más
MARÍA INÉS GORBEA, Bloque Suma Más
Expresan en un comunicado: Los diputados del Interbloque UNEN de la Legislatura de la CABA abajo firmantes, manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de las familias que fueran desalojadas del predio conocido como “Barrio Papa Francisco” el sábado pasado; toda vez que las mismas son víctimas del déficit habitacional que arrastra el distrito desde hace décadas y, en particular, de la falta de una efectiva política de Estado para la urbanización e integración socio-urbana de las villas de la Ciudad.
No se nos escapa que sobre este drama, cuya solución se posterga injustificadamente a pesar de que se cuentan con los suficientes recursos económicos y la disponibilidad de tierras para concretarla, confluyen distintas perspectivas de abordaje; y mucho menos que desde algunos sectores de la ciudadanía porteña se sostienen opiniones que objetan la implementación de las medidas que hacen falta, muchas veces motivadas por sucesos de inseguridad que tienden a conectarse -sin ninguna justificación comprobable- a la vecindad de la villa, su población habitante y el origen inmigrante de parte de la misma.
En este sentido, lo peor que nos puede pasar como sociedad es que permitamos la proliferación de cualquier tipo de estigmatización o discriminación social, que no hace más que generar condiciones para la nefasta pelea de “pobres contra pobres”. Sólo basta con mirar algunos países y verificar que en situación de degradación económica, pérdida de fuentes de trabajo, niveles crecientes de inseguridad y otras desgracias sociales, se recurre rápido al señalamiento de aquél o aquellos a los que no se consideran parte de la misma comunidad como culpables inmediatos de tales males; cuando, en realidad, la responsabilidad es siempre de los gobernantes que tienen a su cargo la tarea de resolver los problemas que impiden la realización del Bien Común.
Con corrientes de opinión de este tipo como marco y presumiblemente apalancado por el impacto comunicacional del lamentable asesinato de la menor Melina López en las inmediaciones del predio desalojado, del cual solicitamos su pronto esclarecimiento y correspondiente procesamiento penal, es que se produjo el desalojo judicial del 23 de agosto próximo pasado efectivizado por fuerzas de seguridad dependientes del gobierno local y nacional.
Sobre la modalidad de ese operativo, queremos dejar bien claro nuestro más enérgico repudio, que impulsamos como proyecto de declaración de la Legislatura, a la violenta represión de la cual fue víctima el Diputado de la Ciudad Pablo Ferreyra que, más allá de la actuación que él estuviera realizando, en nada se justifica que haya recibido varios impactos de balas de goma a partir de un accionar policial absolutamente temerario, alevoso y desproporcionado; hecho del cual también exigimos una investigación rápida y exhaustiva, que determine a los responsables y les imponga las medidas que correspondan por parte de las autoridades competentes.
Más allá de que siempre bregamos por una solución consensuada al conflicto inherente a la ocupación del predio en cuestión, para evitar cualquier riesgo de víctimas fatales como sí ocurrió en el caso del Parque Indoamericano; sostenemos firmemente que, con el desalojo ya consumado, no quedan más excusas para la implementación de los respectivos planes que hagan realidad los postulados de las leyes de la Ciudad 1770 y 2054. Se debe avanzar sin demora con el saneamiento del terreno contaminado, del cual fueran desalojadas las familias habitantes el sábado pasado; para el posterior e inmediato proceso de urbanización completa de la villa 20, conforme el censo de la respectiva población realizado por el Instituto de Vivienda del GCBA y del cual fuera veedora la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
Por consiguiente, estos diputados se comprometen públicamente a realizar todos los esfuerzos que estén a su alcance para colaborar con dicho proceso de solución definitiva para la problemática habitacional de la villa 20 y, en tal sentido, promueven de inmediato las siguientes acciones:
- Convocatoria a reunión de diputados de la Comisión de Vivienda de la Legislatura para tratar todos los proyectos relativos a la villa 20, a realizarse el próximo lunes 1ro. de septiembre a las 15 hs., a los efectos de aprobar los despachos de mayor urgencia sobre esta problemática.
- Requerir los necesarios informes a los organismos competentes sobre: la asistencia a las familias desalojadas del predio conocido como “Barrio Papa Francisco” hasta tanto se les otorgue una solución definitiva a su problema habitacional; la puesta en marcha y el avance del plan de saneamiento del terreno contaminado de la villa 20; y la información resultante del censo de la población de la villa 20, que incluye a las familias que habitaban el predio desocupado, realizado entre los meses de junio y julio del corriente año
- Solicitar la vista del expediente que tiene a su cargo la Jueza Dra. Elena Liberatori sobre el cumplimiento de las leyes 1770 y 2054, y en cuyo marco funciona el llamado Comité de Crisis con la participación de la Procuración General del GCBA y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
Generar las condiciones más efectivas de diálogo e intercambio entre los distintos bloques parlamentarios, como la participación de los vecinos involucrados, para el mejor tratamiento y resolución en el seno de las comisiones de Vivienda y de Planeamiento Urbano, de los proyectos que versen sobre las distintas alternativas de urbanización de la villa 20”.