El discurso de Comelli por el pago soberano de la deuda

Sr. Presidente,
Desde un punto de vista meramente personal, espero que este sea uno de mis últimos discursos que tengan relación con la deuda externa. Al menos desde el punto de vista del cual lo estamos considerando hoy. No deseo otra cosa que ver a nuestro país dar por terminado el proceso de reestructuración de su deuda externa. Y desde el bloque que integro, aunque a veces con disidencias, siento la tranquilidad de haber acompañado con mi voto una política de crucial importancia para la Argentina.
Repasando los hechos de la última década nuestro bloque ha sabido acompañar este proceso de desendeudamiento. En 2005 nos abstuvimos en la votación a fin de no obstaculizar lo que la gestión del gobierno del ex presidente Néstor Kirchner consideraba en aquel momento más oportuno y como mejor alternativa para avanzar en una política de desendeudamiento. El proyecto debatido aquel año perdía sentido cuando la reestructuración, el canje de los bonos, ya era un hecho consumado. Nunca desistimos de este reclamo al Poder Ejecutivo nacional, ya que estas medidas no pueden ser hechas a espaldas del Congreso, legítimo representante del pueblo. Luego, en el año 2009 acompañamos positivamente la medida de reapertura del canje. Apostamos al éxito alcanzado por la primera renegociación y entendimos que la reapertura del canje de deuda para los tenedores de títulos aún impagos era el modo correcto de manifestar la voluntad de pago por parte de nuestro país, mejorando la flexibilidad financiera y el nivel de confiabilidad crediticia. Por las mismas razones, en 2013 también acompañamos la iniciativa oficial.
Lamentablemente los esfuerzos de nuestro país no ponderan frente al oportunismo de los fondos buitre, y otra vez la Argentina debe demostrar ante el mundo financiero su voluntad y capacidad de pago. Sin embargo, la soledad con la que nuestro país desata su lucha ante estos fondos es cada vez menor. Hallar una solución oportuna, eficaz y duradera al problema de la deuda, no será posible si la comunidad internacional no reconoce el vacío legal que existe en esta materia. En este sentido, es significativo el aval que la Organización de las Naciones Unidas ha dado a la postura Argentina de crear un marco jurídico para procesos de reestructuración de deuda.
Este aval, que viene a ser corolario de anteriores manifestaciones de apoyo por parte de otros Estados ante la OEA, la propia justicia norteamericana, la UNASUR, el MERCOSUR, frente al problema de reestructuración de la deuda, tiene la particularidad de reconocer que el arreglo de la deuda es una cuestión de soberanía nacional, lo que implica que las reestructuraciones deben ser resueltas de acuerdo al ordenamiento jurídico que establezca la ONU.
La Argentina es un país soberano. No es un agente privado que deba estar sujeto a las medidas y amenazas judiciales que el juez Griesa dictamine. Nadie puede decirle a la a Argentina cómo debe tratar a sus acreedores por fuera de lo que los canjes de 2005 y 2010 establecieron. Condenar a la Argentina a pagar a los fondos buitre el ciento por ciento de capital más los intereses devengados es un exceso de jurisdicción y competencia, y que de llevarse a cabo violaría las mismas leyes de reestructuración de deuda pública aprobadas por este Congreso. Entonces, esta situación es paradójica. Por primera vez en la historia, un país que está dispuesto y tiene la capacidad para pagar a sus acreedores no puede hacerlo porque un juez se lo impide.
Nuestro país no cederá ante el intento de sometimiento de un orden neoliberal injusto. No vamos a dejar que una minoría oportunista detenga el crecimiento y desarrollo de la Argentina. Al menos en lo que a mi concierne no voy a dejar una excesiva carga sobre las espaldas de nuestros hijos y nietos. Aunque tengamos diferencias, somos responsables hoy de reafirmar el sendero de liberación económica y financiera iniciado en 2003. Y las diferencias a las que me refiero radican en la acertada pero demorada creación de la comisión bicameral para la investigación del origen y seguimiento del pago de la deuda externa. Quiero volver a mencionar lo que decíamos hace casi 10 años atrás en este mismo recinto:
“El Congreso es el órgano central de la democracia representativa, donde anida el pueblo más que en cualquier otro ámbito institucional, y por ello debe ser inclaudicable al reivindicar sus potestades constitucionales de revisión de la deuda pública externa, llevando adelante todos los pasos necesarios a los fines del análisis de su legitimidad. Nos debemos esta verdad; se la debemos al pueblo. Es necesario pugnar para que se forme y actúe la comisión investigadora que solicitara por oficio el juez Ballestero en sus fallos, planteando que el Congreso se involucre en el análisis de la génesis de la deuda externa”.
Con la sanción de esta ley el Congreso finalmente estará en condiciones de estudiar las renegociaciones de la deuda, sus refinanciaciones, los canjes, el megacanje, los blindajes, los pagos de comisiones, el default y las reestructuraciones desde 1976, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso y sobre las irregularidades que pudiera detectar.
La lógica del endeudamiento iniciado en 1976 no tenía relación alguna con las tendencias del desarrollo y de las demandas de financiamiento externo de nuestro sistema productivo. Por el contrario, ese endeudamiento se convirtió en un fin en sí mismo, que generó incontables ganancias para los grupos ligados a la movilización de los créditos de la banca internacional, y se enmarcó en una idea general de que los países de la región sean deudores y pagadores continuos. De estos negociados, y peor aún de los que se hicieron desde el regreso de la democracia, conocemos muy poco. Por ello hoy vuelvo decir: Nos debemos esta verdad; se la debemos al pueblo.
Señor presidente, como dije al inicio de mi exposición, espero que la sanción de esta ley sea el capítulo final de esta larga historia sobre la deuda externa de nuestro país. Espero que el problema de la deuda tenga una respuesta posible por medio de esta ley. Porque somos más en este país los que procuramos el éxito de este proceso de desendeudamiento. Ya vimos que la solución no va venir desde afuera. La solución descansa entre nosotros, en las decisiones políticas que hoy tomemos.