Imputan a los jefes comunales en una causa penal

Los presidentes de doce Juntas Comunales de la ciudad de Buenos Aires fueron denunciados penalmente por el delito de aprobar la intervención de las Comunas a través del nombramiento de gerentes designados por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, mediante el Decreto 251/14, que anula el proceso de descentralización y deja sin efecto la voluntad de los vecinos en el ámbito comunal.
La denuncia fue realizada por Sergio Oscar Valenzuela, miembro del Consejo Consultivo de la Comuna 1, quien consideró que "este accionar se convierte en un hecho ilícito y un delito grave por parte de los jefes comunales, ya que no pueden tomar ese tipo de decisiones porque es violatoria de la Constitución y, peor aún, carece del mandato expreso del resto de los comuneros que conforman cada Junta".
La acusación por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad" es contra los presidentes de las Comunas, Brunet, María Cristina; Carillo, Facundo; Etchezuri, Christian Rubén; Apreda, Héctor Jorge; Bouza, Marcelo Claudio; Iambrich, Marcelo Alejandro; Peña, Guillermo Martín; Ferrari, Agustín Marcos; Guzzini, Carlos Alberto; Acevedo, Gustavo Javier; Corach, Maximiliano; y Crevena, Ignacio Carlos"; y se encuentra radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Correccional Nº 7, a cargo del Dr. Raúl Juan Emilio García.
El Decreto 251, publicado el 25 de junio de este año en el Boletín Oficial, permitía a funcionarios designados por el Jefe de Gobierno, realizar las funciones que la Constitución de la Ciudad otorga a los juntistas elegidos por los vecinos, como control presupuestario, designación de personal y contratación directa, entre otros.
Por tal motivo, más de 30 comuneros presentaron en julio una acción de amparo, por considerar que este “golpe institucional del Poder Ejecutivo contra las Comunas contradice la Constitución".
En el mismo sentido, la legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad, María Rosa Muiños, afirmó que "el modo de accionar con respecto a la sanción del Decreto 251 es de una gravedad institucional enorme".
Por último, Muiños pidió informes a los presidentes de las juntas comunales y a todos los comuneros, ya que "al día de la fecha no hay ninguna constancia de que los presidentes de las Comunas hayan tomado esta decisión con el aval de todos los miembros de la Junta. Entonces, ¿qué intereses están defendiendo?".