El Partido Demócrata propone que Mendoza rechace la nueva Ley de Hidrocarburos

El Partido Demócrata propone que, por ley de la legislatura, Mendoza rechace la vigencia en nuestra provincia de la recientemente sancionada nueva ley petrolera nacional 27.007, en razón que la misma avasalla las potestades provinciales, no delegadas a la nación, en materia de hidrocarburos y garantizadas por el art. 124 de la Constitución Nacional que reconoce el dominio originario de las provincias en materia petrolera y gasífera.
La 27.007 definitivamente, dice el PD, priva a las provincias del derecho a tener una política petrolera propia, lo que la legislatura mendocina no puede tolerar, so pena de violar lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Provincial que establece que el petróleo y el gas pertenecen al dominio inalienable e imprescriptible de la provincia de Mendoza. Este principio, agregan, de autonomía provincial reconocido por la reforma de la CN de 1994 no puede verse vulnerado por una ley improvisada, que lejos de atraer inversiones, solo pretende centralizar aún más el poder en la materia para legitimar contratos secretos del PEN con firmas extranjeras que ya operan en Vaca Muerta.
Para respetar los derechos provinciales, sostiene Richard Battagion presidente del PD, la ley marco de promoción de inversiones debe tener un carácter de Ley Convenio, es decir tiene que surgir de un acuerdo entre la Presidente y los Gobernadores de las provincias productoras para luego ser aprobado por el Congreso Nacional y las Legislaturas provinciales.
El acuerdo, consideran, que alcanzó Cristina Fernández con los gobernadores no tiene ese carácter de Pacto Federal ya que se logró de manera muy precaria, de hecho Neuquén y Mendoza no querían firmarlo, lo que finalmente ocurrió como producto de la extorsión de la que fueron objeto las provincias “rebeldes” al ser excluidas de los programas de refinanciación de deudas de las provincias con la Nación. El acuerdo es tan endeble, sostienen, que los diputados de Neuquén no votaron la ley en el Congreso y por tanto no se prevé la aprobación de la ley por parte de las provincias.
La Legislatura debería tratar la adhesión a la ley 27.007 y rechazarla, aseguró Battagion, por los siguientes perjuicios a la provincia de Mendoza:
• Nacionaliza totalmente la política petrolera dejando a las provincias, titulares del recurso, como meras espectadoras.
• Obliga a las provincias a licitar las áreas con un Pliego de la Secretaría de Energía (Art. 12).
• Establece unilateralmente el Canon de exploración, el Bono de prórroga y las Regalías de explotación a pagar con el concesionario y excluye el concepto de “acarreo” o posibilidad de asociación de las provincias con el inversor que ha sido aplicado con éxito por la provincia de Neuquén. (Art. 14, 15 y 16).
• Subordina el funcionamiento de la ley a un decreto del PEN, el 929/13 de “SOBERANÍA HIDROCARBURÍFEA: Régimen de Promoción de Inversión de Explotación de Hidrocarburos” (Art. 19).
• En forma automática y solapada legitima otro Decreto del PEN, el 1277/12 que crea la“Comisión de Planificación y Coordinación de Estrategias del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas”. De esta comisión depende la asignación a las provincias de un 2,5% de la inversión inicial para Responsabilidad Social Empresaria y un porcentaje a determinar para obras de infraestructura. La comisión maneja el Sistema Operativo de la ley y se integra sin representantes de las provincias. (Art. 21)
• Legisla sobre la unificación de normas ambientales siendo que esta potestad pertenece al ámbito de las provincias. (Art. 23)
• Obliga a unificar los impuestos provinciales con lo que limita las potestades provinciales en la materia. (Art. 24).