Villa 21-24: Avanza la ley que cumple con la relocalización de familias

La Legislatura porteña se apresta a aprobar en forma definitiva una ley que dispone la “Transferencia de Inmuebles, Expropiación y Rezonificaciones” para conjuntos de viviendas afectados por la liberación del camino de sirga, según dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En Audiencia Pública se apoyó el expediente Nº 1802-D-2014- de autoría de la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, diputada María Karina Spalla (PRO) y del Vicepresidente Primero, diputado Cristian Ritondo (PRO) que establece el compromiso del Gobierno porteño a construir viviendas con el fin de trasladar a 1.334 familias de la Villa 21-24 que viven a orillas del Riachuelo. La relocalización se prevé en cinco predios destinados a la construcción de nuevos complejos habitacionales en los barrios de Barracas, La Boca (Comuna 4), Flores y Parque Chacabuco (C.7), Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo (C.8) y Mataderos (C.9).
Vecinos de la villa ubicada en Barracas, el sacerdote Lorenzo “Toto” de Vedia, cura de la villa; funcionarios judiciales, representantes de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo -ACUMAR, representantes de organizaciones sociales y sindicales y legisladores se manifestaron este martes a favor de la sanción de la aprobación definitiva del proyecto en discusión, durante la Audiencia que tuvo lugar en el salón "Presidente Perón".
La presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, que presidió el encuentro en el que participaron 44 inscriptos y dos expositores, agradeció “el trabajo en conjunto y el consenso alcanzado para lograr este proyecto” y adelantó la voluntad “para que la norma avance hacia su tratamiento definitivo antes de fin de año”.
Carlos Rivero, vecino de la villa, expresó: “siento la satisfacción de que se vaya a realizar el traslado en paz pero queremos decir que, siendo la mayoría de los hombres albañiles, observamos falencias en las viviendas por lo que solicitamos que sean realizadas con ladrillos y loza” y finalmente reconoció “la tarea de los legisladores que aprobaron ésta ley” en forma inicial. Otro habitante del asentamiento, Jorge Zabala, también agradeció “el proyecto y ser escuchados”. Estos dos hombres y todas las otras personas que hablaron y serán trasladadas, solicitaron que se realicen las obras para garantizar cloacas, centros de salud, escuelas y se asegure la posibilidad de contar con medios de transporte.
El asesor tutelar Gustavo Moreno afirmó: “acompaño el proyecto que es un acto de consenso, aunque soy crítico respecto al déficit que arrastran en cuanto a la localización de los habitantes de la cuenca, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, y los gobiernos de la ciudad y nacional porque todos los plazos judiciales están vencidos”.
Por parte de la ACUMAR, Antolín Magallanes brindó el apoyo a la iniciativa y destacó el consenso alcanzado. Lo mismo hicieron el Defensor Adjunto en lo Penal de la ciudad, Luis Duacastella Arbizu, quien también representó al Defensor General, Horacio Corti, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Espacio Pública y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, arquitecta Bárbara Rossen y el secretario general de Unión de los Trabajadores de la Educación -UTE, Eduardo López, entre otros participantes.
Junto a la diputada Spalla estuvieron sus pares del PRO Francisco Quinta, Christian Bauab, Cecilia de la Torre, Gabriela Seijo, Carmen Polledo, Diana Martínez Barrios, Federico Salvai, Agustín Forchieri, Lía Rueda y del Frente para la Victoria María Rosa Muiños y Paula Penacca.
Estuvo también un grupo de vecinos de los barrios Espora y El Pueblito incluidos en la Ley N° 3059 que declaró la Emergencia Urbanística y Ambiental de esa zona de la Ciudad, y pidieron que se tenga en cuenta esta situación, ya que se prevé ubicar en esa zona nuevas viviendas.
La Legislatura porteña con amplio consenso de 54 votos positivos el 25 de septiembre pasado dio aprobación inicial a la ley.
Fallo de la Corte Suprema
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico donde se determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, el plazo en que deben ser ejecutadas, dejando abierta la posibilidad de imponer multas para el caso de incumplimiento. Por otra parte, el máximo Tribunal encomendó al Defensor del Pueblo de la Nación y a las ONG la conformación de un Cuerpo Colegiado para el control del Plan de Saneamiento. Allí se responsabilizaba por daños y perjuicios al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y a 44 empresas. Posteriormente, se amplió la demanda hacia los 14 municipios de la Provincia de Buenos Aires por los que se extiende la Cuenca Matanza Riachuelo.
La Corte obliga a la ACUMAR a llevar a cabo un programa cuyos objetivos son: la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; la recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo); y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.