legislatura |
Es ley la relocalización de los asentamientos en los caminos de sirga
Por 50 votos, el Pro logró los consensos necesarios para relocalizar 1334 familias del camino de sirga a nuevos complejos habitacionales a construirse en los barrios de La Boca, Barracas, Flores, Parque Chacabuco, Soldati, Villa Lugano y Mataderos.
28.11.2014 06:47 |
Noticias DiaxDia |
En la sesión de este jueves, la legislatura aprobó por unanimidad la iniciativa de los diputados del Pro Karina Spalla y Cristian Ritondo que propone la relocalización de 1.334 familias en cinco predios consensuados con los habitantes del barrio.
La ley posibilitará el traslado de esas familias de la Villa 21-24 que viven a orillas del Riachuelo, gracias a que el bloque Pro logró los consesnsos necesarios con todos los bloques, con el fin de construir de viviendas sociales en los barrios de Barracas y La Boca (Comuna 4), Flores y Parque Chacabuco (C.7), Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo (C.8) y Mataderos (C.9).
Fue convertido en ley por 50 votos positivos, ninguno negativo y ninguna abstención.
Constituido el Cuerpo en comisión, la diputada y presidente de la comisión de Planeamiento Urbano Karina Spalla (Pro) manifestó que "esta ley empezó a tomar forma como resultado de un proceso de trabajo conjunto", ay agregó que "no es una idea ni tampoco es una ley para cumplir con una orden judicial, aunque es verdad que cumple una orden judicial, pero esta pensada junto con los vecinos".
También dijo que "quizás llevó mucho tiempo formularlo, pero resaltó la labor del Pro que "antes de lograr los concensos se trabajó desde el Poder Ejecutivo con todos los vecinos y escuchando los reclamos de la villa 21-24 para poder encontrar los terrenos y poder construir las viviendas".
Spalla resaltó el trabajo del gobierno de Mauricio Macri respecto a la dispocisión de terrenos para la construcción de viviendas para que "sigan perteneciendo al barrio”. "No son leyes técnicas. Se trabajó mucho desde las comisiones y quiero agradecer el trabajo de los diputados y asesores porque es un trabajo que impacta directamente en la vida de los vecinos".
De igual forma, la diputada del Pro agradeció el compromiso de los funcionarios de los integrantes de Nación y Ciudad de ACUMAR, de la Defensoria de la Ciudad y de todos los trabajadores del IVC.
“Los vecinos ven que estamos trabajando para cambiarle la vida”, concluyó Spalla.
Por otra parte, el diputado ibarrista Fernando Muños dijo que “saludo el acuerdo para la votación, después de 6 años del fallo de la Corte en la causa Mendoza, que obligó a relocalizar a las familias sobre los caminos de Sirga”. Aunque agregó que "el 25 por ciento de los chicos, tienen plomo en sangre, o sea que, la solución debe ser urgente”.
En ese sentido, Muños aprovechó para dar dos ejemplos sobre los problemas de vivienda. "Uno es un amparo en 2009 y 2005, donde se firmaron los contratos para las obras que debían comenzar en 2010" y agregó que "falta relocalizar más de la mitad en la Villa 26”.
Cabe recordar, que la ley fue aprobada en primera lectura el 25 de septiembre pasado y que recibió el apoyo durante una Audiencia Pública efectuada en la víspera, dispone la “Transferencia de Inmuebles, Expropiación y Rezonificaciones” para conjuntos de viviendas afectados por la liberación del camino de sirga en territorio de la Ciudad de Buenos Aires incluido en la Cuenca Matanza-Riachuelo, según dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo del 8 de julio de 2008. El máximo Tribunal obligó a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo -ACUMAR- concretar un programa para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, la recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo) y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.
Por ello, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometió a disponer de tierras fiscales y gestionar los acuerdos y dar financiamiento para la adquisición de predios para la urbanización de villas o asentamientos ycasos de relocalización total o parcial de población existente en las mismas condiciones de alto riesgo ambiental. En los fundamentos del proyecto también se destaca el trabajo coordinado entre diferentes áreas del gobierno como el Instituto de la Vivienda, la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, la Secretaría de Hábitat e Inclusión y la Dirección General de Inmuebles.