Todas las campañas electorales en las que Elisa Carrió fue candidata están aprobadas en la Justicia

El diputado Nacional Fernando Sánchez y los legisladores porteños, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto afirmaron hoy que el fallo de la Cámara Nacional Electoral en la que se sanciona al Acuerdo Cívico y Social, integrado por la UCR, GEN, Partido Socialista y Coalición Cívica por los gastos de campaña de 2009 tiene su origen en gastos no declarados de la campaña de Ricardo Alfonsín en la provincia de Buenos Aires.



Entre los aportantes se destacan empresas vinculadas a Gabriel Romero, dueño de la concesión de la Hidrovía y de Ferrovías. Dentro del grupo Romero se encuentra Armando Poblete (MDN SA), quién es socio de Raul Felipe Alfonsín en la empresa Descry Development SA.



Destacaron que "Elisa Carrió no fue candidata en la provincia de Buenos Aires en 2009, sino que fue candidata a diputada Nacional en tercer término en la Ciudad de Buenos Aires, campaña que está aprobada por la Justicia en ese distrito".



Todas las campañas electorales en las que Elisa Carrió fue candidata están aprobadas en la Justicia, lo que no ocurre con la campaña presidencial de Cristina Kirchner en el año 2007 que está siendo investigada por maniobras de lavado de dinero del narcotráfico y que por razones obvias no está aprobada.




Cuando la CC tomó conocimiento de la existencia de estos gastos no declarados por la Unión Cívica Radical, Carrió decidió romper el Acuerdo Cívico e intimó a Ricardo Alfonsín en numerosas oportunidades para que resuelva la cuestión, y si no hizo pública estas cuestiones durante tiempo fue en honor al nombre de su padre, pero sí puso en conocimiento en forma directa a todos los miembros de la Cámara Nacional Electoral y se pidió que se investigara a las empresas involucradas.