Vera denunció penalmente a la ex directora de Concesiones por cancha de Golf de 45 hectáreas

Expresa en un comunicado: “Solo dos golf con 18 hoyos existen en la Ciudad. Y uno de ellos ocupa ilegalmente el parque de la Victoria en Lugano frente al ex asentamiento Papa Francisco. El Golf del Parque la Victoria mide lo mismo que toda la Villa 20, el desalojado barrio Papa Francisco y el predio lindero de la PFA.
Si se aplicará el canon que hoy paga el Club de Golf a que paguen los vecinos de Villa 20 (según el último censo) daría un promedio de 3.50 pesos por mes por persona. Eso demuestra que es una decisión totalmente injusta el desalojo con los palos para los pobres, y a los empresarios que ocupan el parque público el negocio.
El Golf Club José Jurado (GCJJ) ocupa un predio de 45 hs, en la Comuna 8 en el sur de la Ciudad, sito en Av. Coronel Roca N° 5025, y está delimitado por la Av. Coronel Roca, la Av. Escalada, Av. Larrazabal y Av. General Francisco Fernández de la Cruz.
Para ser socio del Club de Golf se debe abonar un anticipo de 12 mil pesos, y que lo recomienden tres socios. Además pagar mensualmente 1570 pesos. Un club de élite. Pero que mantiene una deuda con la ANSES superior a los 100 mil pesos y ya tuvo que pagar diversos juicios laborales por mantener en negro a su personal.
El legislador por el Bien Común, Gustavo Vera, este miércoles 10 denunció penalmente a la ex directora de concesiones del Gobierno PRO, Silvia Imas Ya que la ex directora de Concesiones habría cometido el delito de defraudación a la administración pública y defraudación a terceros al aceptar la privatización de un parque que además viola el Código de Planeamiento Urbano por la construcción de dos locales en una zonificación que figura como Urbanización Parque (UP), y una ordenanza.
La jueza Alicia Mercedes Iermini (Juzgado de Instrucción Nº 48) y la fiscal Claudia Ríos (Fiscalía Nº 18) en el expediente 74.502/14 deberán investigar si la funcionaria Imas (que sigue en otro cargo en el PRO) es responsable de los 1.700 metros cuadrados construidos en el parque para un restaurante y un local de ropa e insumos para golfistas que beneficia a Jurado Golf S.A. que tiene como titular a Horacio Arturo Pernet (quien reemplazó en el 2001 a Ricardo Alonso) y la vicepresidente de Elizabeth Marie Jurado Hennocq. Ambos empresarios fijan domicilio especial en Rafael Obligado 1221, Costanera Norte.
El Campo de Golf en el Parque de la Victoria fue concesionado en el año 1991 venciendo ésta el 12 de noviembre de 2011. De acuerdo a la Ordenanza N° 46.229 vencida la concesión no podía ser renovada. Tampoco está permitido otorgar un permiso.
El convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso se suscribe “Ad referendum” del Decreto de aprobación del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero jamás se pudo encontrar que se haya dictado el decreto al que hace referencia el convenio.
VIOLA EL CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO
El actual Código de Planeamiento Urbano en la Sección 5.1.1. Nomenclatura establece “el distrito Urbanización Parque. UP – corresponden a áreas destinadas a espacios verdes y parquización de uso público”. En el mismo sentido, en su Sección 5.4.10, este Código establece que el GCBA sólo podrá autorizar obras en los distritos UP que “sean de exclusiva utilidad pública, debiendo asimismo complementar y no alterar el carácter de los mismos”.
VIOLA UNA ORDENANZA
Por otra parte, la ordenanza N° 46.229 del año 1993 agrega una nueva condición para los Distritos UP. En su art. 1 establece que desde su promulgación está prohibido otorgar concesión, cesión transferencia de dominio, tenencia precaria permiso de uso ni cambio de destino de todo espacio destinado a parque, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público, se encuentre parquizado, jardinizado o no, perteneciente al dominio público municipal.
Además la ordenanza señala en su art. 2 que las concesiones y permisos de uso vigente se mantendrán hasta que opere su vencimiento a partir del cual no podrán ser renovados.
En conclusión, los predios zonificados como UP no sólo deben ser públicos y espacios verdes sino también que no pueden ser concesionados ni permisionados.
El permiso de uso precario y oneroso otorgado por el GCBA a la Asociación Golf Club José Jurado resulta nulo e ilegal por contradecir el Código de Planeamiento Urbano (CPU) de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y la Ordenanza N° 46.229
El primero, la Ordenanza N° 46.229 prohíbe privatizar los espacios verdes o predios destinados a parques y plazas como son aquellos que poseen zonificación Urbanzación Parque (UP). En este caso el permiso de uso precario y oneroso viola esta Ordenanza al otorgarle a un privado el uso exclusivo de un parque.
TURBIO BALANCE
El balance de Jurado Golf presentando en la Legislatura en el contexto de la discusión del proyecto impulsado por Cristian Ritondo del PRO demuestra que el endeudamiento a fines del 2012 alcanza los 100 mil pesos a la ANSES vencida a dicha fecha. Además tiene juicios por trabajo en negro aún no cerrados.
Asimismo paga menos de canon al Gobierno porteño de lo que les cobra a los que subalquila (confitería y su dutty free golfístico). Cuando es ilegal el subalquiler.
Mientras que en el 2012 tuvo una pérdida de $ 382 mil pesos cuando en el 2011 tuvo ganancias de 102 mil por lo cual con ese resultado y los artículos de la ley en el 2013 solo debió pagar $ 54.000 de canon anual. Esto demuestra que los gastos crecieron más que los ingresos por lo tanto a priori se infiere imposible que con fondos propios pueda asumir los compromisos de inversión que figuran en el texto del proyecto de ley.
A su vez la asociación civil abonó durante el periodo 2011 $ 60.000 de canon a la Ciudad, pero cobró por igual derecho por el uso de la confitería y el pro-shop $ 142.500. Para el periodo 2012 pago al Estado de Canon $ 180.000 y cobro por el uso de la confitería y el pro-shop $ 160.800.
Es imposible que con la tendencia analizada la Asociación de Golf pueda generar un superávit tal que le permita cumplir con las inversiones que se compromete a realizar según lo dispuesto en la ley que se pretende aprobar, pues deberían invertir un equivalente a $ 1.000.000 por año en los primeros cinco años y de 10.000.000 en los restantes 15 años que dura el convenio con fondos propios”..