Salud entregó anteojos a personas alojadas en Complejo Penitenciario de Salta

El Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Juan Manzur, entregó hoy 40 pares de anteojos a internos del Complejo Penitenciario III del Servicio Penitenciario Federal de la localidad salteña de General Güemes, en el contexto de un trabajo conjunto con el equipo médico de la institución carcelaria y profesionales de los servicios salud locales.

La entrega de anteojos, que se realizó en el Complejo Penitenciario, estuvo encabezada por el director nacional de Medicina Comunitaria, Pablo Kohan, junto a funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, autoridades y profesionales del equipo médico del establecimiento y miembros de los servicios de salud locales.

En esta institución carcelaria se encuentran detenidos 285 varones y 183 mujeres, a los que un equipo de médicos oftalmólogos locales controló y diagnosticó. Los resultados determinaron que 40 internos necesitaban lentes por presentar algún tipo de disminución de la agudeza visual.

“El único derecho que perdió quien cometió un delito es el de circular; toda persona en contexto de encierro tiene derecho a trabajar, a estudiar y a recibir la atención médica que necesite”, sostuvo Kohan y remarcó que, en este caso en particular, había 40 personas que no podían participar de ciertas actividades educativas o laborales que les propone el SPF por presentar disminución de la agudeza visual”.

El funcionario señaló que “poder ver correctamente contribuirá a mejorar la calidad de vida de estas personas, y eso es posible porque hay un Estado presente, que entiende que la salud es un derecho de todos”.

Esta acción forma parte del Plan Estratégico Integral de Salud en el Servicio Penitenciario Federal 2012-2015, aprobado por resolución conjunta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Salud.

El Programa de Salud en Contextos de Encierro fue creado durante 2012 bajo la órbita de la Dirección de Medicina Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, y su objetivo principal es mejorar la calidad en el acceso a la salud de las personas privadas de su libertad mediante el fortalecimiento de los sistemas sanitarios penitenciarios federales y provinciales de todo el país.

La iniciativa se basa en el deber del Estado de garantizar el acceso a la salud de toda la población. Esto no sólo depende del efectivo acceso de todas las personas al sistema sanitario y atención médica, sino que implica la necesidad de brindar seguimiento y control oportuno de modo de maximizar su bienestar físico, psíquico y social.

En lo referente a las personas que se encuentran privadas de la libertad, y conforme a lo regulado por la Ley 24.660 (art. 143), "el interno tiene derecho a la salud. Deberá brindársele oportuna asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a los tratamientos prescriptos. Los estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos indicados le serán suministrados sin cargo".