Trabajadores migrantes denunciaron explotación y recibieron contención de Renatea

La fiscalización que realizó el Registro Nacional de Trabajadores Agrarios (Renatea) junto a la AFIP y al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de San Juan confirmó que los trabajadores no estaban registrados, pero además halló serias condiciones de hacinamiento, ausencia de energía eléctrica, agua potable y gas.

Los empleados no tenían garantizada la alimentación, la ropa de trabajo o elementos de seguridad. Tampoco sabían cuándo podrían volver a Tucumán. Asimismo se pudo constatar la presencia de dos menores de edad, configurando la presunción de trata laboral y trabajo infantil.

Frente a la posibilidad de la comisión de delitos penales vinculados a la trata laboral y el trabajo infantil, se presentó la denuncia que corresponde a todo funcionario público. Ayer declaró el empresario responsable de la finca, quien llevaba dos semanas prófugo de la justicia y quedó detenido. Además hay dos capataces con pedidos de captura.

“La Ley es muy clara al respecto, el empresario que hace trabajar a chicos es un delincuente, y cada trabajador adulto tiene que tener garantizado su sueldo, sus aportes y sus condiciones de trabajo”, expresó el director General del Renatea, Guillermo Martini.

Los trabajadores ya se encuentran en Tucumán, su provincia de origen, donde reciben contención, asesoramiento legal y las prestaciones correspondientes.

“Nuestra misión es garantizar el pleno cumplimiento de la Ley, iremos a la justicia cada vez que haga falta porque nos propusimos estar en cada rincón del país donde haya un trabajador agrario”, afirmó Martini.