Extienden cobro del seguro e incluyen a trabajadores de casas particulares

Los trabajadores que cobran el Seguro de Capacitación y Empleo podrán seguir percibiendo el beneficio durante los tres primeros meses posteriores al reinicio de relaciones laborales, aún cuando la empresa empleadora no se haya inscripto en el Programa de Inserción Laboral.

También los participantes en el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo que obtengan un empleo, en empresas adheridas o no al programa de inserción, podrán continuar cobrando durante el primer trimestre las prestaciones vigentes.

Asimismo, cuando el empleo obtenido se encuadre en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, la prestación dineraria del Seguro de Capacitación y Empleo se podrá seguir percibiendo durante doce meses, continuos o discontinuos.

Originalmente las prestaciones se habían establecido sólo para las empresas adheridas al programa de Inserción Laboral y que incorporaran a desocupados mayores de 40 años o mujeres, por un plazo mínimo de un mes y máximo de seis, con un tope de 9 meses.

Ese programa -creado en 2006 y ampliado en años posteriores- contempla actualmente incentivos económicos a las empresas que decidan incrementar su dotación de personal, de 2.500 pesos mensuales por cada nuevo empleado para microemprendimientos; 2 mil para pequeñas empresas; 1.800 para medianas; y 1.500 pesos para grandes empresas.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dispuso ahora mantener la inclusión de los trabajadores beneficiados en las acciones de "mejora de la empleabilidad", a fin de coadyuvar en el "acceso a un empleo estable y de calidad".

En este sentido, la resolución 269 -que se publica en el Boletín Oficial- justifica la ampliación "dada la alta rotación de estos colectivos de trabajadores y trabajadoras en su situación de empleo y desempleo, y en situación de formalidad e informalidad".

Precisa a que las dificultades de acceso al empleo decente por parte de jóvenes y adultos mayores de 40 años justifica el mantenimiento de "políticas de acción afirmativa durante los primeros meses de la relación laboral", para generar "condiciones más favorables para su formalización y registro".

La resolución lleva la firma del ministro de Trabajo, Carlos Tomada.