Avanzan en la aplicación de la Convención contra la Tortura de la ONU

En la agenda de los encuentros “Construcción de Consensos Federales para la Aplicación Homogénea del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas”, se reunió a representantes del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), organizaciones de derechos humanos que participan en el proceso de implementación del Protocolo Facultativo, defensas públicas involucradas en el registro y prevención de la tortura, presidentes de los Mecanismos Locales de Prevención de Chaco, Mendoza, Salta y Río Negro y la Procuración Penitenciaria de la Nación.
La meta fue seguir construyendo consensos federales para la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas en Argentina y de sus respectivos Mecanismos Locales.
Este encuentro se realizó ayer en el Salón Nicolás Casullo del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que funciona en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA).
En ese mismo lugar, se realizó luego el acto de apertura oficial de la mesa de trabajo. Allí el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martin Fresneda, aseguró: "Esta agenda comenzó cuando el ex presidente Néstor Kirchner ordenó que las fuerzas de seguridad debían tener formación en derechos humanos. Estamos hablando de un mecanismo de prevención de la tortura que viene a construir una solución novedosa, una agenda postiva, una herramienta para los estados que permite resolver los conflictos desde la prevención".
Dirigiéndose a los representantes de las provincias que aún no crearon sus Mecanismos de Prevención contra la Tortura, el funcionario agregó: "Los invito a que esto lo trabajemos junto a todas las instituciones que tienen personas en situación de encierro. Los argentinos podemos tener un mecanismo a nivel nacional sofisticado, democrático, humanitario, con voluntad política y la convicción de un pueblo y de sus funcionarios para erradicar estas prácticas. Los argentinos sabemos muy bien lo que fueron las torturas en los peores años, por lo tanto, a casi 32 años de democracia, estamos seguros que podremos demostrarle nuevamente al mundo que somos capaces".
En ese sentido, el responsable de implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Enrique Font, dijo: "Argentina ratificó el protocolo en el año 2004, siendo uno de los primeros países del mundo en hacerlo. Todos estos años muchas ONGs estuvieron trabajando con nosotros y hubo muchas provincias que avanzaron en la creación de los mecanismos de prevención".
"La política de esta Secretaría siempre fue sostener el protocolo en la puesta en funcionamiento del sistema nacional de prevención de la tortura a través de articulaciones con organizaciones de la sociedad civil y con el Congreso nacional, y sostener y asistir también a los mecanismos existentes que han sido observados por Naciones Unidas. También hemos trabajado con las provincias que ya tenían leyes presentadas para que se acoplen al Protocolo Facultativo de Naciones Unidas, como así también buscar consensos en aquellas provincias que aún no las tienen", enfatizó Font.
Por otro lado, el director general de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán, afirmó: "Que nosotros apliquemos este mecanismo a nivel nacional es parte de la expectativa de la comunidad internacional porque dan por sentado que lo vamos a hacer bien. Este mecanismo interpela la política de Estado de derechos humanos también en la sociedad. Por eso es importante que la prevención comience en las provincias" a la vez que afirmó: "Argentina es un faro de desarrollo progresivo de los derechos humanos. Fuimos el primer estado federal en el mundo en ratificar el protocolo facultativo y el primero en Latinoamérica".
Mientras que el subsecretario de Política Criminal, Luciano Hazan, dijo: "El trabajo que venimos realizando nos demuestra que se pueden construir este tipo de políticas de Estado que garantizan la protección a los derechos humanos y la posibilidad de sancionar los delitos de tortura. Logramos avances importantes porque nuestras estructuras estatales nos muestran que estamos en condiciones de llevarlas adelante".
Emilio Gines, miembro y relator para Argentina del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, aseguró: "Los mecanismos ya existentes y los que se creen, van trabajan con nosotros para la prevención de la tortura, y van a tener un apoyo total. Los mecanismos comprenden una labor de divulgación con las fuerzas de seguridad y el Estado en todos sus niveles".
"Este es un trabajo en común y esta Secretaría es el garante de todo este proceso porque ha hecho un trabajo extraordinario y es una honra para Argentina porque se ha avanzado mucho. Estoy seguro que este país va a estar a la cabeza de todo el sistema de protección de los malos tratos hacia la gente que se encuentra en situación de encierro", agregó.
Finalmente, Amérigo Incalcaterra, representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó: "Esta reunión representa que están poniendo en debate lo que se logró y lo que falta. Me parece una discusión muy saludable en la cual hay un compromiso por parte de este país de establecer y de cumplir con un tratado internacional como es el Protocolo Facultativo".
Participan de estas jornadas, Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación; Emilio Gines, miembro y relator para Argentina del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes; Enrique Font, responsable del Área de Implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y asesores del área; Luciano Hazan, subsecretario de Política Criminal; Amérigo Incalcaterra, representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Rene Mauricio Valdés, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas; Federico Villegas Beltrán, director general de Derechos Humanos de la Cancillería; Ana Oberlin, directora nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Agustín Di Toffino, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y Altas autoridades provinciales de Derechos Humanos, Justicia y Gobierno de las provincias argentinas y presidentes de los Mecanismos Locales de Prevención.