Fresneda convocó a una mesa de diálogo en Córdoba para evitar la demolición de la Unidad Penitenciaria 1

El secretario de Derechos Humanos, convocó a una mesa de diálogo con el gobernador de la Provincia de Córdoba, el juez federal interviniente, la Comisión de Familiares de UP1, la Comisión Provincial de la Memoria, organismos de Derechos Humanos de la Provincia y la Mesa de Trabajo Barrio San Martín.
Martín Fresneda indicó que el objetivo de este encuentro es trazar líneas de acción que eviten la demolición de la Unidad Penitenciaria N°1 de Córdoba. En este marco, se buscará resolver cuál será el destino del establecimiento carcelario más antiguo de la provincia en el que se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar y que en el mes de mayo fue cerrado por el gobierno de la Provincia.
La Unidad Penitenciaria N° 1
A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, al igual que otras cárceles del país, esta unidad penal pasó a integrar el engranaje del plan sistemático de terror y exterminio ejecutado por la última dictadura que, en la provincia de Córdoba, dependió del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, al mando del entonces general Luciano Benjamín Menéndez.
Según testimonios de sobrevivientes obrantes en los archivos Nacional y Provincial de la Memoria y en causas judiciales, luego del golpe cívico-militar se agravaron las condiciones carcelarias y los presos políticos fueron sistemáticamente sometidos a torturas, en condiciones comparables a las de los centros clandestinos de detención, de donde provenían en su mayoría aquellos que fueron “legalizados” en este penal tras su secuestro en “La Perla”, “Campo de la Ribera” o el Departamento de Informaciones de la Policía cordobesa (D-2), entre otros campos clandestinos de reclusión.
Fue en ese marco de agudización de la represión que, entre abril y octubre de 1976, la dictadura asesinó a 31 militantes políticos que estaban alojados en la UP1 desde antes del golpe y a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) o de jueces federales.
Para cometer los crímenes, las autoridades militares se valieron de la denominada “ley de fuga”, método de ejecución extrajudicial mediante el cual y, bajo algún pretexto, los presos eran retirados del penal para luego ser asesinados. Algunos detenidos fueron muertos en el propio penal, como consecuencia de las torturas recibidas.
En diciembre de 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba condenó a 23 militares y policías responsables por los crímenes de lesa humanidad vinculados con esta unidad penitenciaria. Un total de 16 represores recibieron penas de prisión perpetua, entre ellos el propio Menéndez y el dictador y ex presidente de facto, Jorge Rafael Videla.
La UP1 fue también utilizada para el alojamiento de detenidos por razones políticas luego del golpe de Estado de 1955 y durante los primeros años de la década del ’60, con la implementación del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) entre 1958 y 1963, que suspendió las garantías constitucionales y posibilitó el encarcelamiento ilegal y la tortura de militantes políticos, sindicales y estudiantiles, a través de decretos del Poder Ejecutivo y consejos militares de guerra.
En el mes de diciembre del año 2014, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Red Federal de Sitios de Memoria, señalizó la Unidad Penitenciaria N°1 en la Ciudad de Córdoba, por su funcionamiento durante la última dictadura cívico militar.
El acto, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Red Federal de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba y la Comisión y Archivo Provincial de la Memoria, contó con la presencia de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, sobrevivientes, familiares de detenidos-desaparecidos, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y sociales locales, entre otros.