La Cámara de Diputados bonaerense rechazó la policía ilegal de San Miguel

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de declaración presentado por el Bloque de Diputados del FPV, presidido por Fernando “Chino” Navarro, que expresa su más profunda preocupación por el ejercicio antidemocrático e ilegal en el que incurre el intendente de San Miguel, Joaquín de La Torre, al instar y promover a través del Honorable Concejo Deliberante la creación de una fuerza policial de proximidad por fuera del marco de la Constitución Nacional, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

En los fundamentos del proyecto, presentado por la diputada Lucía Portos y acompañado por los integrantes del Bloque del FPV, los legisladores declaran que la norma es inconstitucional porque la creación de un cuerpo de policía es una competencia del Estado Provincial y, en segundo término, porque extralimita los alcances de la autonomía municipal.

“Nosotros militamos y abogamos por el respeto y el ejercicio pleno de la autonomía municipal, pero es necesario hacer notar que una intencionada malinterpretación de la Constitución de la Nación puede generar mucho daño a la comunidad, sobre todo con un tema sensible como es la seguridad pública”, sostienen los legisladores en el texto presentado.

Asimismo, en otro tramo de la declaración afirman: “El hecho de que el Honorable Concejo Deliberante haya dictaminado a favor de una pretendida norma de notoria inconstitucionalidad nos infunda una gran preocupación. Hemos hecho público nuestro repudio ante la comunidad, pero es hora que esta Honorable Cámara de Diputados se expida, ya que estamos convencidos que el único camino está en el marco constitucional, es nuestra razón de ser y por ese motivo estamos sentados en las bancas”.

En ese sentido, enfatizan que: “No queremos policías ilegales, queremos cuerpos de seguridad de la Democracia. Esta maniobra profundiza la inseguridad constitucional por la que se rigen los municipios y que pone de rehén a los verdaderos afectados por estos manejos, los vecinos de San Miguel”.

El proyecto especifica que la ley provincial 12.154 establece que la seguridad pública es materia de competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento le corresponde al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en ejercicio de ella es que el Poder Ejecutivo resuelve en 2014 crear como Unidad Policial, las Unidades de Policía de Prevención Local (Resolución 835/2014).

En su 1° artículo se disponen dos cuestiones elementales, primero que los municipios para adherir a este régimen de policía local, tendrán que suscribir al Convenio Específico de Conformación y Cooperación, y segundo que las policías creadas son equipadas, conformadas y financiadas con el presupuesto de la provincia.

En el artículo 3° de la resolución, el ministro de Seguridad dispone que dicha policía actuará en los municipios de más de setenta mil habitantes que adhieran al régimen. Aún, si el número de habitantes no fuera ese, la norma prevé que excepcionalmente podrán contemplarse situaciones de municipios que no superen dicha cantidad de habitantes y soliciten su adhesión. El partido de San Miguel cumple con el requisito, sin embargo, el proyecto de ordenanza de De La Torre expresa en los considerandos que “de modo tal que los municipios de mayor número de habitantes pueden crearla sin habilitación expresa de una ley provincial”. Por lo tanto, realiza una interpretación errónea que se desvía del marco jurídico permitido.