Desarrollo Social y Salud, con familiares de trabajadores desaparecidos en la dictadura

Los ministros de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y de Salud , Daniel Gollan, y de entregaron hoy los legajos laborales reparados a familiares y amigos de Jorge Carlos Clerc, Evangelina Martha Gallegos, Nelly Perla Docaly Enrique Urbano Sous, en virtud de un relevamiento impulsado por el Estado nacional como parte de una política de reparación de los empleados de la administración pública que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar.

De esta forma, en los legajos reparados figura la verdadera causa de la interrupción de la relación laboral en lugar de las menciones falsas que figuraban hasta ahora. “La verdadera causal de cesantía, baja, suspensión, limitación de servicios o despido ha sido la desaparición forzada o asesinato como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado”, afirman ahora los cuatro legajos reparados.

Durante el mismo acto, el ministro Gollan firmó una nota dirigida a la Jefatura de Gabinete de Ministros solicitando la reparación de los legajos laborales de otros tres trabajadores del Ministerio de Salud de la Nación también secuestrados y desaparecidos durante la dictadura (1976-83). Se trata de Alicia Silvia Chuburu; Irma Laciar de Carrica y Roberto Colomer.

“Este acto de reparación es absolutamente imprescindible, por eso todos los legajos de compañeros desaparecidos deben ser reparados. Todos. No es solamente una cuestión estrictamente de justicia, es la manera de generar conciencia entre los argentinos para que a nadie se le ocurra nunca más algo semejante”, sostuvo Gollan, antes de recordar a sus compañeros de militancia en los años 70.

El ministro Gollan, quien entre 1976 y 1979 estuvo en condición de detenido-desaparecido y sufrió torturas hasta que pudo marcharse al exterior en un exilio forzado, tuvo que interrumpir su discurso al quebrarse por la emoción al evocar a “aquellos compañeros que no están, pero siguen estando”.

Alicia Kirchner destacó justamente la militancia de aquellos trabajadores “que se jugaron sin medir costos” y reconoció la tarea de “los compañeros de hoy” que llevan adelante la búsqueda y reparación. Tras reivindicar su formación de trabajadora social, la ministra sostuvo que “al trabajar en estos ministerios te tenés que involucrar, no podés mirar para el costado” y aseguró que un trabajador social “siempre se mete en la realidad más compleja porque los derechos sociales son derechos humanos”.

Del acto celebrado en el Salón Ramón Carillo que comparten ambos ministerios, participaron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda; Guido Carlotto, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Silvina Atencio, hija de un desaparecido e integrante de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra identidad, encargada del relevamiento de los trabajadores detenidos-desaparecidos durante la pasada dictadura cívico-militar, además de secretarios y subsecretarios de ambas carteras, familiares y amigos de los trabajadores desaparecidos y actuales empleados de Salud y Desarrollo Social.

Fresneda destacó “el compromiso de estos ministerios con estas políticas de reparación que son un abrazo necesario del Estado en reconocimiento a la dignidad de estos hombres y mujeres que dedicaron su vida al trabajo y que la tragedia, el horror y la infamia quisieron manchar”.

Silvina Atencio recordó la tarea de la Comisión que integra que arrancó en 2008 entre un grupo de trabajadores del Ministerio de Planificación y que luego fue impulsada por el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, el fallecido Eduardo Luis Duhalde. Atencio explicó su propia historia pues ella misma recibió hace algunos años el legajo de su padre, Raúl, trabajador desaparecido del Servicio Nacional de Agua Potable.

“Encontrarme con este legajo fue encontrarme con mi propia historia”, aseguró en un acto profundamente emotivo, tras relatar que al revisar el legajo encontró una foto de su papá que la familia no conocía, una foto del casamiento de sus padres, y cuando su papá anunció en su trabajo que había sido padre de Silvina.

Jorge Carlos Clerc, secuestrado y desaparecido el 15 de junio de 1976, trabajaba en el Departamento de Zoonosis, en el sector Reservorios y Vectores en septiembre desde 1969. Su legajo original, con el número 60784 y en el cual figura que fue declarado “cesante”, fue entregado a sus hijos y a su nieto Lucas, que ocupa el puesto de trabajo que tenía su abuelo. Jorge Carlos Clerc fue secuestrado en su casa familiar en Merlo junto a su compañera, María Cristina Alvaro, también desaparecida.

“Cuando yo nací todo esto había pasado pero para mi es reconstruir una parte de la historia. No es un tema fácil y quizá uno no quiere saber tanto por lo duro que es”, alcanzó a explicar Lucas Clerc, con la voz entrecortada y una copia autenticada del legajo reparado de su abuelo en sus manos.

Evangelina Martha Gallegos, que trabajaba en la Subsecretaría del Menor y la Familia, fue secuestrada y desaparecida el 16 de junio de 1977. Su legajo fue recuperado por su mejor amiga, Graciela, también trabajadora social. Al día siguiente desaparecía Enrique Urbano Sous, que se desempeñaba en la misma repartición. Meses antes, exactamente el 14 de enero de ese año, desaparecía Nelly Perla Docal, que entonces trabajaba en ese organismo del Estado que entonces pertenecía al Ministerio de Bienestar Social. Su legajo reparado fue recibido por su sobrina política Laura.

Al recibir junto a su madre Beatriz el legajo de su padre, Maximiliano Sous, agradeció el trabajo de recuperación de la Comisión y de la junta interna de delegados de ATE y quiso recordar “especialmente a los 16 compañeros masacrados en Marcos Paz, un pueblito de 15.000 habitantes, que se debe una investigación profunda sobre lo ocurrido”. Aunque inmediatamente aseguró que “allí donde hubo tanta sangre, tanta maldad y tanto terror, hoy tenemos presos a muchísimos de los culpables, en Marcos Paz. Sin venganza. Con justicia. No fue casualidad, fue una política del Estado de sacar la mugre y ponerlos donde deben estar: presos”.

La restitución de estos legajos fue posible en virtud del decreto presidencial 1199/12 impulsado como parte de la reparación impulsada por parte del Estado nacional. De este modo, queda subsanada en los registros oficiales la falsedad de las denominaciones “baja”, “cesantía”, “suspensión”, “limitación de servicios” o “despido” que figuraba en aquellos casos en los que la verdadera causal de interrupción de la relación laboral fue la detención forzada o asesinato.

En el marco de su política de Memoria, Verdad y Justicia, el gobierno nacional dispuso mediante el citado decreto el relevamiento y reparación material de los legajos de los empleados de la Administración Pública Nacional desaparecidos y asesinados entre 1955 y 1983 para establecer la verdad histórica en la memoria colectiva de las actuales y futuras generaciones.

El decreto firmado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dispone en su artículo 1 “la inscripción de la condición de detenido-desaparecido, en los legajos de las personas físicas que se individualizan en el anexo integrante del presente decreto, las cuales revistaban como personal dependiente de la Administración Pública Nacional”.

Alicia Silvia Chuburu, desaparecida desde el 15 de mayo de 1977 y Roberto Colomer, que desapareció el 20 de abril del mismo año, trabajaban en el Instituto Nacional de Epidemiología. Irma Laciar de Carrica, que desapareció el 18 de abril de 1977, trabajaba en el Ministerio de Salud. Sus legajos están en proceso de reparación por parte de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad.

El relevamiento de los trabajadores detenidos-desaparecidos durante la pasada dictadura cívico-militar (1976-83) fue llevado adelante por la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad en conjunto con el Archivo Nacional de la Memoria tras un acuerdo firmado en marzo de 2007 entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios.

La Comisión y el Archivo trabajaron en el relevamiento de información del personal, lo que permitió la recuperación de los 122 legajos destinados a repararse por el Decreto 1199, y de cientos de legajos más que serán reparados en los próximos meses.