Concentración en apoyo a la Procuradora Gils Carbó

Expresan en un comunicado: “Frente a los reiterados anuncios de referentes del Poder Ejecutivo Nacional recientemente electo impulsando la remoción de la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, los Organismos de Derechos Humanos reclamamos enérgicamente su continuidad y la de las políticas públicas que ha implementado en su gestión.

Debe recordarse que la Constitución Nacional establece que el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente de los demás poderes del Estado y que sus miembros gozan de inmunidades funcionales, por lo que solo pueden ser removidos en caso de mal desempeño por medio de un juicio político.

Lejos de encontrarnos en esa situación, el desempeño de la Dra. Gils Carbó al frente del Ministerio Público Fiscal merece ser destacado, pues puso a este organismo en un rol activo en la promoción y protección de los derechos humanos e impulsó mejoras sustantivas en la persecución penal. Fiel reflejo de ello son las creación de fiscalías y unidades especializadas para combatir la violencia institucional, la trata de personas, la violencia de género, la narcocriminalidad y la criminalidad económica y el lavado de activos.

También debe resaltarse la creación del programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO), que ubicó por primera vez a una institución del sistema judicial en los barrios más humildes, procurando garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables.

Finalmente, resulta ineludible mencionar que se potenció el trabajo del Ministerio Público Fiscal en la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, a través de la jerarquización de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, avanzando decididamente en la persecución penal de la responsabilidad civil, judicial y empresarial, así como con la creación de la Unidad Especializada para casos de apropiación de niños.

Advertimos entonces que la intención de la remoción ilegítima de Gils Carbó no puede leerse más que como un obstáculo al proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia y constituiría una clara muestra por parte del gobierno entrante del menosprecio por las políticas de promoción activa y protección de los derechos humanos, que seguiremos defendiendo y exigiendo inclaudicablemente."