La Coalición Cívica rechaza la eliminación de las retenciones sobre las exportaciones de la industria minera

Elisa Carrió (Diputada Nacional), Fernando Sánchez (Diputado Nacional), Fernanda Reyes (Directora ACUMAR), Alicia Terada (Diputada Nacional), Leonor Martínez Villada(Diputada Nacional), Rubén Manzi (Diputado Provincial Catamarca) expresan en un comunicado: “Es importante recordar que desde la ley 24.196 de Inversiones Mineras sancionada durante el gobierno de Carlos Menem en adelante la actividad minera es, sin dudas, una de las actividades productivas más beneficiada e incentivada por las leyes nacionales, situación que se ha consolidado a lo largo de la gestión kirchnerista.

El régimen legal “promocional” para las inversiones mineras en la Argentina incluye una serie de beneficios comerciales, tributarios, financieros y cambiarios, a lo que se suma la permeabilidad e ineficiencia en los controles del Estado.

Hoy la actividad minera cuenta con un régimen tributario especial que contiene excepciones en los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, al valor agregado, al cheque, a los derechos de importación y exportación, régimen de estabilidad fiscal y un compromiso federal que garantiza la no imposición de gravámenes y tasas municipales ni impuesto a los sellos provinciales. La envidia de todo comerciante, industrial y prestador de servicio en nuestro país.

A esto debe sumarse que el canon impuesto a la minería establecido en pesos y no ajustados por casi veinte años, fue recientemente actualizado con criterios vergonzosos por la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

A una actividad con baja capacidad de generación de puestos de trabajo y alto impacto ambiental, no se la puede beneficiar de manera privilegiada con medidas que impliquen transferencias de recursos del conjunto de la sociedad, ocasionando un costo fiscal considerable.

El uso de las reservas de agua, el cumplimiento de la ley de glaciares, el impacto ambiental por explotación y sus eventuales accidentes (Como fue el derrame de agua cianurada ocurrido en la mina Veladero, comprometiendo la salud de los habitantes de la ciudad de Jachal, en la Provincia de San Juan, sin que implique sanción alguna para la empresa) la reforma del código de minería entre otros, deberían ser los temas de atención de una nueva gestión.

Un país que cuida su presente y piensa su futuro pone como prioridad la agenda ambiental, no la rentabilidad de unos pocos. Por lo tanto la defensa del interés general no debe ceder ante las presiones sectoriales, como lo es el lobby minero.”