Bloque Diputados Nacionales FpV-PJ- A 40 años del golpe militar

Tenemos el orgullo de formar parte de un espacio político que desde el primer momento abrazó la causa de los derechos humanos y del castigo a los crímenes cometidos durante la última dictadura. "No habrá cambio confiable si permitimos la impunidad.

Rechazamos de plano la identificación entre gobernabilidad e impunidad que algunos pretenden", dijo Néstor Kirchner en su discurso de asunción el 25 de mayo de 2003. Al año siguiente, el primer 24 de marzo en que ocupó la Presidencia de la Nación, hizo descolgar del Colegio Militar los cuadros de los represores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone.

La reivindicación de la memoria para la verdad y la justicia no se limitó al plano discursivo y simbólico. A partir de 2003, el Congreso de la Nación sancionó las leyes más trascendentes en esta área desde el retorno de la democracia:

* El 21 de agosto de 2003, el Congreso declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final a través de la Ley 25.779. Cuando se reglamentó la ley, la Justicia comenzó a reabrir las causas por delitos de lesa humanidad. El proyecto fue presentado por el diputado justicialista José María Díaz Bancalari.

* El 4 de agosto de 2004 el Congreso sancionó la Ley 25.914 en base a un proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo a cargo de Néstor Kirchner, que otorga una indemnización a las personas nacidas durante la privación por causas políticas de la libertad de sus madres. En diciembre de ese año sancionó la prórroga por dos años de las leyes 24.043 y 24.411, que otorgaron beneficios resarcitorios a los detenidos políticos durante la última dictadura, y a los familiares de los desaparecidos y asesinados en ese periodo. En noviembre de 2009, se extendieron los beneficios de estas leyes reparatorias a las víctimas del terrorismo de Estado entre 1955 y 1976, iniciativa del diputado del FpV-PJ Dante Dovena. Finalmente, el 27 de mayo de 2015 se estableció por ley que el beneficio a detenidos y desaparecidos es imprescriptible, proyecto del diputado del FpV-PJ Horacio Pietragalla.

* El 6 de agosto de 2008, el Senado derogó el Código de Justicia Militar, proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo. Con ello, desapareció del sistema jurídico argentino el último resabio de la pena de muerte. Asimismo, el nuevo código disciplinario avanzó en la democratización de las fuerzas armadas al suprimir el castigo por homosexualidad, y sancionar como faltas graves la discriminación y el acoso sexual. En Diputados, los únicos votos en contra fueron los de la legisladora del PRO Nora Ginzburg y de la bussista Eusebia Jerez.

* Ese mismo año por Ley 26.375 se creó el fondo de recompensa para prófugos, destinado a quienes brinden información determinante para la detención de personas buscadas por la Justicia, en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad. En 2013 se sumó la recompensa para quienes aporten datos sobre los menores apropiados durante la dictadura. Ambos proyectos fueron elaborados por el Ejecutivo a cargo de Cristina Fernández de Kirchner. En Diputados, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica votaron en contra.

* El 18 de noviembre de 2009 se sancionó la Ley 26.548, originada en un proyecto del Ejecutivo, que definió la función del Banco de Datos Genéticos como el análisis y recolección de muestras para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad que hayan ocurrido en Argentina hasta el 10 de diciembre de 1983, y colocó al organismo bajo jurisdicción del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En Diputados, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica votaron en contra.

* El mismo día el Congreso aprobó la incorporación del art. 218 bis al Código Procesal Penal de la Nación, que permite al juez ordenar la obtención de muestras de ADN por métodos alternativos. En Diputados, el Pro, la CC y parte de la UCR votaron en contra.

* El 30 de noviembre de 2015, el Senado creó por ley la Comisión bicameral de identificación de las complicidades económicas durante la última dictadura militar para la búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia. El proyecto fue presentado por Héctor Recalde junto con otros diputados del bloque FpV-PJ tiene como objetivo identificar los actores económicos y técnicos que contribuyeron a o se beneficiaron con esa dictadura. En Diputados lo votaron todas las fuerzas excepto Unión Pro, que se abstuvo.

Los resultados más relevantes de esta política de derechos humanos se materializan en el avance del juzgamiento a los represores (actualmente hay 1.065 genocidas detenidos y 18 juicios en curso en los que están siendo juzgados 195 acusados) y en los 119 nietos recuperados. Esperamos que ese camino continúe con la actuación de la Bicameral que debe investigar las complicidades civiles con la última dictadura.”