Autoridades de Cambiemos pidieron suspender la actividad de la AGN hasta que Echegaray declare

Se complica la situación de Ricardo Echegaray al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN), a raíz de la orden judicial que le impidió salir del país y lo citó a declaración indagatoria en la causa por la denominada “ruta del dinero K”.

Los jefes de bloque de la UCR, Mario Negri; del Pro, Nicolás Massot; y de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, exigieron que se suspenda la actividad en la AGN hasta que declare Echegaray, extitular de la AFIP, el próximo 3 de mayo.

Los integrantes de la mesa de conducción del interbloque Cambiemos de la Cámara de Diputados solicitaron por nota a los auditores generales Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez, que “arbitren los medios a su alcance para suspender cualquier eventual próxima reunión del Colegio de Auditores, hasta tanto se lleve a cabo la medida judicial ordenada por el magistrado actuante”.

Los legisladores oficialistas se ampararon en la resolución dictada por el juez Sebastián Casanello y la reciente solicitud del fiscal federal Gerardo Pollicita, para que Echegaray sea convocado a Tribunales en la causa en la cual se investiga la presunta evasión impositiva del grupo empresario liderado por Cristóbal López.

Paralelamente, Carrió insistió ante los titulares de la Cámara de Senadores, Gabriela Michetti, y de Diputados, Emilio Monzó, para desplazar al titular de la AGN, cuya permanencia en el cargo considera “insostenible”.

A través de una nota, Carrió señaló que “resulta insostenible que frente al órgano de asistencia técnica del Congreso, esté una persona de las características de la propuesta por el partido de la oposición; persona que acumula día a día procesos judiciales pendientes”.

Carrió sostuvo que ante un nuevo pedido de indagatoria contra Echegaray, se demuestra una “causal más de inconducta grave que debe ser analizada por las autoridades del Congreso”. Y agregó: “Echegaray carece de la más mínima idoneidad moral requerida por el artículo 16 de la Constitución Nacional en tanto ha utilizado su cargo de director ejecutivo de la AFIP para perseguir políticamente, no solo a la suscripta, sino a infinidad de dirigentes políticos, sociales, empresarios y ciudadanos en general, violando elementales garantías de constitucionales del estado de derecho moderno”.