María Inés Pilatti Vergara pide frenar tarifazo que afecta a las universidades nacionales

La iniciativa se funda en el Derecho a la Educación consagrado por nuestra Carta Magna y en los diferentes Tratados Internacionales de Derechos Humanos de jerarquía constitucional.

Por otro lado, Pilatti Vergara recuerda que la Ley N° 26.206 de Educación Nacional promulgada durante la presidencia de Néstor Kirchner, considera a la educación como un bien público y un derecho personal y social, que debe ser garantizado por el Estado Nacional. “Sin embargo, las medidas tomadas por el gobierno del presidente Mauricio Macri con relación a la aprobación de nuevos cuadros tarifarios ponen en jaque a la educación superior”, sostiene la senadora chaqueña.

El proyecto se presenta atento a una situación que considera “de gravedad institucional” en las que se encuentran sumidas las universidades nacionales. Las distintas facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) -por ejemplo- han recibido facturas con incrementos que oscilan entre el 100 y el 400 por ciento. La Facultad de Ingeniería recibió un aumento interanual en la tarifa eléctrica del 400%, pasando de 60.000 pesos en marzo de 2015 a 250.000 el mes pasado, mientras que en Económicas fue del 278%, pasando de 50.000 a 189.000 pesos, para el mismo período.

Por otro lado, la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) recibió una boleta de energía con un aumento superior al 300 por ciento, pasó de abonar 242 mil pesos de luz a casi un millón. Otro ejemplo es la Universidad Nacional de la Matanza (UNLAM), una de las más afectadas, con un 600 por ciento de aumento en la factura eléctrica de febrero, pasando de abonar 100 mil pesos a 711 mil.

Cabe destacar que los casos se repiten a lo largo de todo el país y que estos aumentos en las tarifas no se encontraban contemplados en los presupuestos aprobados en 2015 para este ciclo lectivo. Muchas de estas casas de altos estudios ya informaron del recorte de actividades académicas y administrativas a raíz de los recientes aumentos de tarifas de gas natural y electricidad; incidiendo así directamente en el acceso a la educación pública como derecho garantizado constitucionalmente.