Comienzan a debatir la reforma del Ministerio Público Fiscal

El oficialismo dejó claro inmediatamente después de conocida la renuncia de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que avanzaría de todas maneras con la reforma del Ministerio Público Fiscal. Originalmente prevista para presionar sobre la jefa de los fiscales, el Gobierno quiere que salga antes de que asuma quien reemplace a la procuradora y el propio presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, confirmó que el proyecto “será sancionado antes de fin de año”.

De hecho, el propio Pinedo es autor del proyecto que será base para las reformas que se aplicarán a la Ley 27.148 que se sancionó al cierre del gobierno kirchnerista, y que según el senador impuso determinadas cláusulas como la de que “el procurador no se podía sacar nunca más”.

“Nadie es dueño del Estado como muchas veces esta gente creía que podía hacer lo que quería”, señaló el senador al respecto la semana pasada.

El proyecto se denomina “de reforma de las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Ley N°27.148) y del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (Ley N°27.149)”, y comenzará a ser discutido este miércoles a partir de las 13 en el seno de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el senador entrerriano Pedro Guastavino, que se reunirá para ello en el Salón Illia.

El proyecto fue presentado el viernes pasado y limita a cinco años el mandato del procurador general de la Nación, habilitando al Poder ejecutivo a removerlo por decreto. Recordemos que un disparador de esto fue un fallo reciente de la Justicia, cuando el juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials declaró inconstitucional la norma vigente, dejando abierta la posibilidad de que el presidente desplazara a Gils Carbó por la vía del decreto, cosa que el Gobierno prefirió no hacer y elaborar en cambio una ley que modifique la vigente.

El proyecto de Pinedo lleva las firmas del radical Angel Rozas y de los peronistas Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey, lo que da pie a pensar en el nivel de consenso con que cuenta, previéndose entonces una aprobación rápida en el Congreso.

El proyecto establece que el procurador será designado por el Poder Ejecutivo, con el acuerdo del Senado por “mayoría absoluta de sus miembros”, eliminando así el requisito de los dos tercios. De tal manera, alcanzará con la mitad más uno de los senadores: 37.

Elimina además el carácter “vitalicio” del cargo, que establecía la ley vigente, imponiéndose una duración de cinco años para su permanencia en el cargo, con posibilidad de reelección solo por dos años y “por única vez”.

Entre los justificativos para remover al procurador figuran el mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones “por decisión fundada del Poder Ejecutivo”. A partir de eso, su mandato podrá ser revocado por el Senado “en el plazo máximo de 10 días hábiles.

La Cámara de Diputados también podría tener participación en el desplazamiento eventual del procurador, a partir de “la mayoría absoluta de los miembros presentes a solicitud de cualquiera de sus miembros”, pero luego necesitará el acuerdo de la mayoría absoluta del Senado. Lo mismo que sea el Ejecutivo el que lo disponga.

El proyecto también disuelve las procuradurías especiales creadas por la ley original, como la de Violencia Institucional o la de Narcocriminalidad y establece que el procurador general podrá disponer por resolución la creación de procuradurías especializadas “cuando la política de persecución penal pública o el interés general de la sociedad así lo requieran”.