Diputados vota la prórroga de la emergencia territorial indígena y la ley contra la corrupción empresaria

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles para votar, entre los principales proyectos, la prórroga de la ley que suspende los desalojos en tierras habitadas por comunidades indígenas y la norma que penaliza los actos de corrupción cometidos por personas jurídicas.

Ambas iniciativas forman parte de un extenso temario que Cambiemos quiere aprobar antes de sumergirse en el debate por el Presupuesto 2018 y el resto de los proyectos económicos de fin de año, como el de Responsabilidad Fiscal de las provincias, además de la reforma tributaria, que sería enviada al Congreso antes de fin de año.

La sesión especial fue convocada las 11.45 y el primer punto a considerar será la prórroga, hasta 2021, de la Ley 26.160 de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, que prohíbe los desalojos hasta tanto se termine el relevamiento catastral que ya debió haber completado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Dicha ley vence el próximo 23 de noviembre y ya cuenta con aprobación del Senado y con dictamen favorable de comisiones en Diputados, por lo que se espera una sanción por amplia mayoría este miércoles, dado el grado de consenso entre los distintos bloques.

El oficialismo también introdujo en el temario de la sesión el proyecto que impulsa el Gobierno -en particular la Oficina Anticorrupción, que dirige Laura Alonso- para sancionar a empresas que cometan delitos contra la administración pública.

La iniciativa obtuvo dictamen favorable este martes en un plenario de comisiones de Legislación Penal y Legislación General, donde Cambiemos contó con apoyo del bloque Justicialista y del Frente Renovador -que planteó disidencias-, mientras que el FpV-PJ y la izquierda expresaron un fuerte rechazo.

El proyecto será tratado en segunda revisión, ya que el Senado le introdujo numerosos e importantes cambios, los cuales Diputados se encamina a ratificar.

Tal como quedó redactado, el texto penaliza a las personas jurídicas que cometan los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, concusión y falsificación de balances.

La acción penal prescribirá a los seis años de la comisión del delito y la empresa podrá conseguir la eximición de la pena si se cumplen ciertos requisitos, y a su vez estará habilitada para suscribir “acuerdos de colaboración eficaz” brindando información a la Justicia a cambio de la reducción de ese castigo.

En la sesión también se debatirán modificaciones al Código Penal y a la Ley 23.737 de Estupefacientes, sobre actualización de penas y montos de las multas; una serie de acuerdos y convenios internacionales; y la designación de cuatro integrantes del Comité contra la Tortura, creado por ley en 2012.

En nombre de las organizaciones no gubernamentales serán nombrados María Josefina Ignacio, de la Asociación Pensamiento Penal; Gustavo Federico Palmieri, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y Diego Jorge Lavado, de la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (XUMEK).

También se votará al candidato propuesto por la Secretaría de Derechos Humanos, Alberto José Lucchetti, y así sólo restará designar a seis integrantes a propuesta de los legisladores para completar el Comité, donde ya están nombrados el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, y dos representantes por los mecanismos locales de prevención de la tortura.

Por último, en la sesión especial se discutirá un proyecto dictaminado en las comisiones de Educación y de Presupuesto, que crea la “Cédula Escolar Nacional”, una base con soporte informático en la que se volcarán todos los datos de cada alumno y todo su desempeño escolar.