El Congreso prorrogó por cuatro años la ley que suspende desalojos en tierras indígenas

La norma, que ya lleva 11 años de vigencia y que vencía el próximo 23 de noviembre, regirá así por otros cuatro años. “Esperemos que esta sea la última prórroga, porque los pueblos originarios están esperando tener la certeza sobre sus derechos sobre las tierras que ocupan”, sostuvo el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (Pro).

Según el INAI, hay 1532 comunidades indígenas identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el procedimiento culminado, es decir, apenas el 30%.

Lipovetzky sostuvo que “el mayor retraso” en el relevamiento catastral se registra “en las provincias que tienen mayor conflictividad territorial”. Además, precisó que, según el Censo 2010, hay nada menos que 900.055 mil personas que se autoreconocen como indígenas.

“Debemos empezar a pensar en una agenda pública sobre los derechos de los pueblos originarios”, sostuvo el macrista, quien consideró esto como “una obligación de justicia por parte del Estado”.

Por su parte, el radical Jorge D’Agostino reconoció que, personalmente, “no quería votar esta ley”, sino avanzar con una norma integral, ya que “es una cuestión de derechos humanos”.

“Hay que terminar con la prórroga eterna”, sentenció el legislador, quien además sugirió pedir una rendición de cuentas al INADI sobre su gestión desde que fue creado, en 2006.

El debate de la norma se vio atravesado por el caso del joven Santiago Maldonado, hallado muerto en el río Chubut tras participar de una protesta mapuche y permanecer desaparecido durante 79 días.

En este contexto, uno de los discursos más duros fue el de Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), quien tildó al jefe del bloque de senadores del PJ-FpV, Miguel Pichetto, de “caradura” por haberse expresado en contra de la existencia de “tierras sagradas” en la Patagonia.

“¡La tierra sagrada para Pichetto es la de Benneton!”, bramó Giordano, y defendió la necesidad de prorrogar la Ley 26.160 “para que cesen con el hostigamiento y la persecución” a las comunidades originarias, que, dijo, se remonta a la Campaña del Desierto.