Expresa el comunicado: "Se cumple un año del Decreto que modificó la ley migratoria sin debate en el Congreso
El 30 de enero será el primer aniversario del Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) impulsado por el Poder Ejecutivo, que modificó la Ley Nacional de Migraciones en 2017. A pesar del amparo presentado por CAREF, CELS y COPADI para declarar su inconstitucionalidad y de la falta de resolución de la Bicameral en el Congreso de la Nación, el DNU 70/2017 goza de buena salud.
El D.N.U. 70/2017 firmado por el presidente Mauricio Macri a principios del año pasado, modificó la Ley Nacional de Migraciones 25871, una norma creada con un fuerte consenso social, e introdujo reformas que agravan las sanciones administrativas para las personas migrantes con antecedentes penales, sean estos graves o menores. Aún sin tener condena, pueden ser sometidos a trámites de expulsión en plazos de apenas 3 días hábiles, representando un claro retroceso en la política migratoria vigente.
El Poder Ejecutivo ha ignorado el impacto social negativo que trae esta medida. Los argumentos invocados cristalizan estereotipos y prejuicios, refuerzan aquellos discursos que relacionan a la migración con la inseguridad y la delincuencia, legitimando situaciones de xenofobia y discriminación hacia la población migrante y generando otras nuevas.
A un año de la sanción de aquel Decreto, el Congreso de la Nación no dio señales de querer discutir la reforma que el Poder Ejecutivo realizó sobre la ley migratoria argentina.
No hay -y nunca hubo- razones de necesidad y urgencia que justifiquen la medida. Los fundamentos presentados por el Gobierno resultan escasos a la hora de justificar un decreto de tan excepcional aplicación, que redunda en la utilización de la política migratoria como herramienta de política criminal. Este hecho representa un daño y una limitación a los derechos de las personas migrantes y de la ciudadanía en general que anhela vivir en una sociedad democrática e igualitaria."