Alejandra Rodenas: "Nunca más offshore para los funcionarios argentinos"

"Nunca más offshore para los funcionarios argentinos. Va contra la ética pública ser funcionario del Estado argentino y tener fondos en el exterior. Entendemos que no se corresponde al conjunto de pautas éticas y en particular a la coherencia entre el discurso público y la practica concreta de los funcionarios”- destacó Rodenas.

“Estamos convencidos de que los conflictos éticos de parte de los gobernantes afectan el comportamiento de los mercados, así como el correcto funcionamiento de la Administración Pública, por ello la importancia de que los funcionarios sean coherentes respecto a los valores personales y los valores institucionales que representan”- recalcó la legisladora nacional.

“Realizamos la propuesta de esta herramienta legislativa porque entendemos que la incompatibilidad planteada apunta a establecer criterios para una práctica de la función pública, que no contenga en si misma situaciones de objeción ética en relación al comportamiento de un servidor público y su finanzas particulares, es decir, su patrimonio”- agregó.

Las prácticas en las que los hombres públicos son titulares de fondos en el exterior o que arraigan su patrimonio (o parte del mismo) en depósitos de capitales afuera del país o en los denominados paraísos fiscales, generan importantes ventajas individuales con exenciones o reducciones significativas en el pago de impuestos y contribuciones, pero conllevan prácticas de elusión fiscal para con el Estado argentino.

“Estas prácticas impactan en el Presupuesto Nacional ya que a mayor recaudación de impuestos directos e indirectos, mayores recursos ingresan en las finanzas públicas para ser destinados a diversos programas sociales. Estos recursos se ven reflejados en más educación, mejor salud, mayor seguridad, estímulos a la producción y menor pobreza”- subrayó la diputada.

“Es necesario profundizar en políticas de transparencia y hacer operativo el concepto de Ética Pública. De este modo, el ejercicio de las funciones públicas, obligaría a los titulares a dar estricto cumplimiento al principio de transparencia en todas sus actuaciones, debiendo velar por el interés general sobre el particular”- finalizó.