El Senado debate leyes judiciales y espera a Peña para fin de mes

Este miércoles debatirán el proyecto que establece modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación, que había sido acordado por los integrantes de la Comisión de Justicia en la reunión previa. La iniciativa establece el ensamble de nueve leyes aprobadas por el Congreso, que impactan directamente en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, aprobado en 2014 y que aún no ha sido implementado.

Estas leyes que han tenido importantes debates en el seno de la Comisión de Justicia y que después han sido aprobadas por el Senado y por la Cámara de Diputados, necesitaron del trabajo de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que elaboró un documento con recomendaciones para el ensamble de estas leyes con el nuevo código.

Alguna de las nueve leyes son la Ley de Flagrancia, Ley del Arrepentido, Ley de Técnicas Especiales de Investigación, Responsabilidad Penal Empresaria y Ley de Ejecución de la Pena, entre otras.

La otra iniciativa es el proyecto de ley que establece el régimen de subrogancias para la Justicia Nacional y Federal, que viene en revisión de la Cámara de Diputados. La iniciativa fue aprobada en la Cámara alta en 2017.

El proyecto plantea que, frente a una vacante en un tribunal, la Cámara Federal o Nacional de la jurisdicción que corresponda, deberá cubrir el cargo con un juez subrogante elegido por sorteo público. En el caso de que la vacante se produzca en juzgados de primera instancia y tribunales orales, se privilegiará la elección de un juez de igual grado y competencia, siempre y cuando los juzgados de los que resulten titulares no registren atrasos significativos.

De no ser posible cubrir transitoriamente la vacante con magistrados de igual grado y competencia, se habilita designar a un conjuez que figure en una lista de conjueces previamente seleccionada por el Consejo de la Magistratura y aprobada por el Senado.

En caso de ser aprobada esta ley, ya no será el Consejo de la Magistratura el que elija a los subrogantes como establecía la Ley 27.145, que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

El tercero de los proyectos es el de Intervención de Comunicaciones y Cadenas de Custodia, que lleva la firma de los legisladores Miguel Pichetto, Rodolfo Urtubey, Carlos Espínola y Pedro Guastavino.

Este proyecto toma mayor relevancia en el contexto actual de filtraciones de escuchas judiciales en los medios masivos de comunicación, a lo que el Senado busca dar una solución.

La iniciativa responsabiliza tanto a los funcionarios judiciales como a los encargados de participar de la realización de las escuchas, y deja a salvo de las sanciones a quienes las difundan como un hecho periodístico, para salvaguardar la libertad de prensa.

Por otra parte se le impone a la Dirección de Escuchas Judiciales la necesidad de tener una cadena de custodia muy estricta y la confección de un protocolo que deberá ser aprobado por la Corte Suprema de Justicia, de la cual depende.

Las empresas de telecomunicaciones que reciben las órdenes judiciales para realizar las intervenciones deben atenerse a su vez a una serie de obligaciones.

Las escuchas no podrán extenderse por más de 30 días, a menos que haya una orden judicial para su prórroga.