Diputados sancionó la nueva ley de Defensa de la Competencia

Además de lograr la aprobación de la ley de Financiamiento Productivo, Cambiemos se alzó antes de la discusión por tarifas con la aprobación de la nueva ley de Defensa de la Competencia, que apunta a combatir las conductas monopólicas en el mercado con sanciones más duras.

Pese a no tener dictamen de comisión previo, dado que fue devuelta por el Senado con modificaciones, la norma cosechó 163 votos a favor, 74 en contra y una sola abstención.


Autor del proyecto junto a Elisa Carrió, el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri (UCR), reconoció las modificaciones hechas al proyecto en la Cámara alta como “no sustanciales” como para no aceptarlas.

El radical señaló que a partir de ahora, la designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia, va a requerir acuerdo del Senado: no va a haber aprobación ficta; y que también se modifican los acuerdos de las multas, para que no queden como fijos, sino que tendrán una unidad de valor determinada para que no queden desactualizadas.

Negri recordó que la ley original fue aprobada en el año 1999, pero nunca se aplicó concretamente, pues nunca se formó el Tribunal de Defensa de la Competencia. “En 2014, la toma de decisiones se concentró a través de un funcionario que era el secretario de Comercio”, señaló, lo cual se reflejó a su juicio en “la falta de transparencia, la concentración de los mercados y la cartelización, como normalidad”. Por eso sostuvo que ahora se pondrá fin a eso, con un avance “sustancial no para controlar precios, sino en defensa de los consumidores”.

En contra de la ley, el kirchnerista Juan Cabandié consideró que los cambios del Senado “no son sustanciales”. “Todos conocemos y sabemos que uno de nuestros problemas de la economía es la concentración, y lo único que ha pasado en el último tiempo es mayor concentración”, expresó.

En ese sentido, el diputado del FpV-PJ mencionó la fusión de Telecom con Cablevisión y reclamó que “si no hay voluntad del Ejecutivo a desconcentrar estamos ante un problema. Estamos votando algo que es obsoleto, porque la esencia de este Gobierno es totalmente contraria a lo que dice la ley”.

En la misma línea, Romina del Plá (FIT) señaló que “es una ley que se presenta con un objetivo y tiene definitivamente otro”. “Esta ley está pedida por la OCDE, que es el organismo internacional que presiona para desregular los servicios y la actividad económica, esto es sacarla del monopolio estatal”, remarcó.

También autora de la ley, Carrió rescató que “esto no es una iniciativa del Ejecutivo, es una autoría del Parlamento en la que estuvimos de acuerdo muchos legisladores”. Luego de relatar su experiencia personal con la compra de un chivito que le salió “seis mil pesos” y de asegurar que “no compré más en los supermercados”, la confundadora de Cambiemos defendió la norma.

Destacó que para “los que critican” a los monopolios que “yo también critico”, la ley permite que los carteles sean llevados a “un tribunal de la competencia”. “Es nuestro deber hacer desarrollar la ley de defensa de la competencia en un país donde la corporación y el monopolio han regido 70 años de nuestra historia”, completó la líder de la CC-ARI.

La norma

En su artículo 1°, la ley establece que “están prohibidos los acuerdos entre competidores, las concentraciones económicas, los actos o conductas relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda presentar un perjuicio para el interés económico general”.

La nueva norma crea la Autoridad Nacional de la Competencia, como organismo autárquico, descentralizado e independiente en el ámbito del Poder Ejecutivo, que estará conformada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas.

A su vez, dicho tribunal estará integrado por cinco miembros, quienes deberán tener “idoneidad técnica” en la materia y presentarse a concurso público. Luego de la pre-selección, el Ejecutivo deberá enviar los pliegos al Senado para que preste su acuerdo.

En la ley se establecen multas según tres criterios objetivos: el del monto del beneficio ilícito -la sanción podría ser hasta el doble-; el porcentaje de volumen de negocios del grupo económico; y multas de hasta 200 millones de Unidades Móviles (equivalentes a 20 pesos cada una).

Otro de los puntos es la creación de un Programa de Clemencia, que exime de sanción al primer integrante de un cartel que aporte las pruebas necesarias para detectarlo y sancionarlo; y reduce la multa entre el 20% y el 50% para algún otro miembro que aporte una prueba adicional.

También se habilita a los consumidores que se vean afectados a iniciar acciones por daños y perjuicios en proceso sumarísimo, y se crea una Sala de Defensa de la Competencia dentro de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial.

Una de las modificaciones introducidas por el Senado -efectuadas en siete artículos- se realizó en el artículo 23, con respecto a que los siete integrantes de la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia deban tener excluyentemente acuerdo del Senado, y hasta ese entonces puedan ser designados en comisión. También, la Cámara alta introdujo un límite para los aranceles de los trámites, de entre 5 mil y 20 mil unidades móviles, entre otros cambios.