Se dilata el debate sobre tarifas en el Senado

“Estamos a la espera de una propuesta alternativa, razonable, que implique efectivamente una reducción de la tarifa para los ciudadanos, en un proceso paulatino y gradual”, planteó Pichetto al inicio del plenario de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto, y Energía y Minería, en el Salón Illia de la Cámara alta.

El rionegrino sostuvo que “si la lógica del Gobierno es plantear un 15% de incremento salarial, los servicios no pueden aumentar un 40%”. Y avisó que, si la propuesta oficial “no llega o es insuficiente”, el peronismo avanzará el próximo martes con el dictamen favorable y lo llevará al recinto la semana próxima, o eventualmente, la siguiente.

El oficialismo, en tanto, propuso convocar a gobernadores, a representantes de las empresas distribuidoras y de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). Además, pidió esperar el informe de la Oficina de Presupuesto sobre el costo fiscal, que según el jefe del interbloque, Luis Naidenoff, incluso “es mayor” al calculado cuando se proponía reducir el IVA.

Según un informe del bloque radical en la Cámara de Diputados, el costo fiscal total de la ley sería de $75.500 millones de pesos en 2018 y $94.800 millones en 2019, sin contar la devolución de los incrementos desde el 1ro. de noviembre. Esto arroja un total de $170.300 millones de pesos.

El Frente para la Victoria-PJ, liderado por la expresidenta Cristina Kirchner y Marcelo Fuentes, exigió firmar el dictamen favorable este mismo miércoles, pero no tuvo éxito. “Es evidente la urgencia que hay en la sociedad de que el Congreso se aboque al tema de las tarifas”, advirtió Anabel Fernández Sagasti, integrante del bloque.

En la misma línea se expresó la rionegrina Magdalena Odarda (RIO). “El tratamiento no puede dilatarse ni un minuto más. Me parece bien que vengan los gobernadores al Senado, pero esto me suena a que los gobernadores vendrán a ejercer presión sobre los senadores”, sugirió la senadora.


Opiniones cruzadas

“Han anunciado en reiteradas oportunidades que vetarían la ley. Por eso queremos fijar una posición de naturaleza política y brindarle al Poder Ejecutivo una oportunidad. Es importante abordar este tema en su integralidad, pero también con un criterio de decisión ligado a los tiempos”, argumentó Pichetto, sobre la decisión de postergar la firma del dictamen.

Si bien aclaró que el texto aprobado en la Cámara de Diputados no recibiría cambios, hizo objeciones y puntualizó que “sigue siendo un proyecto con una visión parcial, mirando al escenario del AMBA”, por lo que “sería importante que Edenor, Edesur y Aysa se hagan cargo de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires”.

“Todo el interior en los últimos 12 años ha venido pagando tarifa plena y sosteniendo los subsidios de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires”, insistió el jefe del bloque Justicialista.

Por su parte, Naidenoff indicó que “la Corte ya ha dicho que cuando se debe fijar el precio de la tarifa, es jurisdicción del Gobierno nacional”, con lo cual el Congreso no tendría facultad sobre el tema.

Pero además, el radical formoseño hizo hincapié en que “algunos diputados ni siquiera sabían lo que votaban, y nadie analizó el impacto fiscal” de la norma. “Nos encontramos con un catálogo de buenas intenciones, pero con graves problemas para las provincias”, enfatizó.

En este sentido, explicó que “se establece un criterio de retroactividad a noviembre de 2017; se congelan los incrementos que se fueron dando para reducir subsidios en 2018 y 2019; y se establece un mecanismo de compensación de parte de las distribuidoras y concesionarias de servicios públicos”.

“Pero si la intención fue congelar incrementos con efecto retroactivo y aplicar una actualización en base al Coeficiente de Variación Salarial (CVS), estamos beneficiando exclusivamente al AMBA”, advirtió Naidenoff. En otras palabras, dijo, “volvemos al esquema donde el interior paga seis, siete, ocho veces más la luz o el gas -según la zona- que el Área Metropolitana”.

El legislador agregó a este panorama que “el Consenso Fiscal establece un criterio gradual de reducción de subsidios”, y sin embargo “todo lo que se ha hecho para terminar con el privilegio del AMBA se da contra la pared” con el proyecto en debate.

El jefe del bloque radical, Ángel Rozas, adhirió a los argumentos de Naidenoff y además propuso que se convoque también a abogados constitucionalistas, para que opinen sobre la facultad del Congreso para fijar tarifas.

El salteño Juan Carlos Romero, del Interbloque Federal, se focalizó en la falta de precisiones en torno al precio final de las tarifas. “Yo no conozco en lo más mínimo la composición del cuadro tarifario. Alguien lo debe explicar”, reclamó.

A su vez, Odarda subrayó que “lo que estamos debatiendo es una vergonzosa transferencia de recursos del bolsillo de los argentinos a las empresas”. Y dio cifras: detalló que TGN (Transportadora de Gas del Norte) obtuvo en su balance 2017 “una utilidad de 841 millones”; y TGS (Transportadora de Gas del Sur) obtuvo “2.793 millones de ganancias”. También puso como ejemplo a Metrogas, que “ganó en 2017 774 millones”.

Muy dura contra el Gobierno, la puntana Eugenia Catalfamo, compañera de bloque de Adolfo Rodríguez Saá, ironizó: “Me sorprende que con tantos timbreos no se hayan dado cuenta de esta situación difícil que le toca al ciudadano argentino. A dos años de gobierno, ya es hora de implementar políticas a favor de los más vulnerables”.