La Cámara alta aprobó con reformas el proyecto de extinción de dominio

A propuesta del senador Miguel Pichetto, el proyecto se votó en general y particular. “No hubo dos tercios”, se aclaró enfáticamente al cabo de la votación, un detalle clave para tener en cuenta lo que puede pasar ahora en la Cámara baja, a la que pasa el proyecto ahora, y donde los diputados no necesitan una mayoría especial para ratificar su propuesta original.

El debate se había iniciado pasadas las 21, tras haber autorizado el cuerpo los allanamientos a las propiedades de Cristina Kirchner. El proyecto de ley de extinción de dominio apunta a que el Estado pueda recuperar los bienes que son producto del delito.

El proyecto del interbloque Argentina Federal define la extinción de dominio como una acción civil anclada en el proceso penal, habilitada para delitos como narcotráfico, terrorismo, trata de personas y corrupción. El kirchnerismo pretende incorporar también los delitos contra el orden económico-financiero.

“Es necesario avanzar y lograr entregarle a la Justicia y a las fuerzas de seguridad distintas herramientas que les permitan cada vez más y de mejor manera perseguir al crimen organizado”, arrancó el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino.

El senador del bloque Justicialista advirtió que “los juristas más destacados” calificaron el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados como “un adefesio y un mamarracho de dudosa constitucionalidad”.

“Siempre los hombres del derecho nos han prevenido en la tentación del derecho penal de emergencia”, dijo, recordando que la Cámara baja trató el tema cuando se conoció el caso del exfuncionario José López y los bolsos con dinero arrojados al convento.

A su vez, el salteño Rodolfo Urtubey -autor de la propuesta de Argentina Federal- explicó que la figura del decomiso, contemplada actualmente en el Código Penal, “es casi lo mismo” a la extinción de dominio “pero inadecuada para lograr una respuesta que la sociedad pide en términos de recupero de bienes, porque es una pena accesoria”.

“Esto es una acción civil. Son los jueces los que tienen que determinar la interpretación de la naturaleza de la acción civil: si puede o no aplicarse en un proceso en trámite”, puntualizó Urtubey sobre la retroactividad de la extinción de dominio.

A su turno, Federico Pinedo, impulsor del segundo proyecto en discusión, aclaró que se propone que el Estado “recupere para sí bienes del delito grave, no de cualquier delito”, y consideró que “el proceso tiene que ser rápido, tiene que ser expeditivo, tiene que resguardar el debido proceso, y tiene que aplicarse a los delitos que se han cometido en el pasado y a los que se cometan en el futuro”.

“El decomiso es una pena accesoria en materia penal y la extinción de dominio no es una pena y por eso es posible aplicarla a hechos ocurridos con anterioridad a la sanción de esta ley”, explicó el presidente provisional del Senado.

María de los Ángeles Sacnun (Frente para la Victoria-PJ) coincidió en que “avanzar en el proyecto tal como viene de la Cámara de Diputados es, sin lugar a dudas, conculcar los principios constitucionales del debido proceso, de las garantías constitucionales y del principio de inocencia”.

La senadora Silvia Elías de Pérez, secretaria parlamentaria del interbloque Cambiemos, defendió la necesidad de que la ley de Extinción de Dominio cumpla con el objetivo de recuperar lo robado por la corrupción y otros delitos complejos. En este sentido, la legisladora tucumana cuestionó que el peronismo se hubiera unido para sancionar un proyecto que impide usar la norma en las causas ya iniciadas, anclando la acción en el proceso penal.

“Si se aprueba el proyecto del PJ, ¿qué hacemos con todo lo que se robó? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Eso es lo que nos proponen? La sociedad nos pide que no sellemos la impunidad. Aprobar este dictamen es aprobar una amnistía”, declaró Elías de Pérez.

Sobre el final el debate adelantó drásticamente los tiempos, al bajarse de los discursos de cierre los senadores Fernando “Pino” Solanas, Adolfo Rodríguez Saá y Cristina Fernández de Kirchner. A su turno, Miguel Pichetto defendió el dictamen de mayoría señalando que “no puede haber extinción de dominio si no hay condena”. Aseguró que “estamos votando un instrumento para los tiempos, no para la coyuntura, no para la demagogia punitiva; algo que soporte el rigor de la constitucionalidad en la Argentina”.

Cerró el debate la senadora radical Pamela Verasay, que defendió el proyecto propuesto por el oficialismo recordando “cuántas veces fuimos testigos de delincuentes que aun cumpliendo penas después gozaron de beneficios millonarios de esos bienes mal habidos que el Estado luego no pudo recuperar”.

A la hora de las diferencias con los otros proyectos, destacó la retroactividad. “Estos activos deben ser devueltos a la sociedad aun cuando hayan sido adquiridos con anterioridad a la sanción de esta ley”, sostuvo la legisladora mendocina.

“Sinceramente me parece grave que este Senado no pueda responder a la Sociedad lo que esta sociedad está demandando”, señaló Verasay. “Hoy era el día para decirle basta a la impunidad”, concluyó.