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Puricelli suscribió la adhesión de Mendoza al Programa Federal para la Seguridad

 El ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, firmó  con el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, la adhesión de la provincia al Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad. "El objetivo es armonizar las políticas nacionales con las provinciales", afirmó.
 

18.10.2013 10:05 |  Noticias DiaxDia  | 

“El Gobierno Nacional desarrolla una política sostenida en materia de seguridad pública que no es coyuntura electoral”, expresó el titular de la cartera de Seguridad durante el acto que se desarrolló en la Casa de Gobierno mendocina.
 
El ministro también destacó la adhesión de Mendoza a protocolos de acción en delitos de trata de personas y narcotráfico. “Por instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desplegamos políticas profundas para obtener resultados concretos”, añadió.
 
Luego de la firma del convenio, Puricelli recorrió junto al gobernador mendocino la sede de “Narcocriminalidad” dependiente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, en la Base Cóndor.
 
“Este Programa marca un paso adelante en la ejecución de políticas públicas en seguridad, que deben ser coordinadas entre la nación y las provincias, celebramos la articulación entre ambas jurisdicciones”, señaló Pérez.
 
El gobernador y el ministro encabezaron, además, el acto de puesta en funcionamiento de una máquina compactadora de vehículos y autopartes en la playa “San Agustín”, donde se encuentran secuestrados 23.000 rodados para su destrucción.
 
Mendoza es el 13 distrito que se incorpora al Programa Federal. Se suma a las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, Misiones, San Juan y Tierra del Fuego.
 
El objetivo principal de la iniciativa es brindar apoyo a las provincias para el desarrollo y puesta en marcha de mejores prácticas, recursos y tecnologías destinadas a prevenir y conjurar el delito de forma común y coordinada.
 
El Programa Federal permitirá compartir y unificar procedimientos de investigación y actuación ante delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas; y que las provincias accedan a los sistemas tecnológicos de identificación biométrica (Sibios) y balística (SAIB).
 
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