Gioja y la minería: una mirada federal

El estado de salud del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, reviste especial importancia para el proyecto extractivo exportador, en que se sostiene parte de la estrategia económica del Gobierno nacional. Esto se debe, fundamentalmente, a que la multinacional de origen canadiense Barrick Gold exige garantías sobre la óptima situación jurídica de la que goza actualmente en Argentina, aún con los cambios que surjan del proceso electoral.

 

La preocupación del gigante minero es comprensible. Como se sabe, el tribunal de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Chile, paralizó en abril pasado las obras del proyecto minero Pascua Lama por daños a los glaciares Toro1, Toro2 y Esperanza y los recursos hídricos de la población. Del lado argentino, los tribunales están abarrotados de denuncias en su contra, por violaciones a la Ley de Protección de Glaciares y del Ambiente Perigracial (todas orientadas a su emprendimiento Veladero, ubicado en el departamento Iglesia de la provincia de San Juan).

 

Un operador clave en la transición

 

Por el paraguas político que presta en las continuas tormentas judiciales, Gioja es la llave maestra de esa continuidad, a pesar del escenario poskirchnerista que ya se vislumbra. Porque aún cuando no haya tenido una feliz experiencia en las primarias, todo indica que el gobernador seguirá manteniendo su handicap electoral el 27 de octubre y -reconversión discursiva y garrocha mediante- en 2015.

 

Dicho en otras palabras, Gioja es imprescindible para la Barrick. Así lo percibe no sólo el holding que orienta Peter Munk sino, también, una proporción mayoritaria del pueblo sanjuanino que, con una historia de relegamiento a cuestas, celebra las inversiones promovidas, los aportes del Estado nacional en infraestructura o las escasas regalías que se tributan, como dones del cielo. 

 

Ahora bien, si tanto la principal empresa inversora como la mayoría de los sanjuaninos y los gobiernos nacional y provincial están de acuerdo, ¿es el modelo que encarna Gioja una vía de desarrollo a la que sólo pueden oponérsele objeciones de tipo ecológico o ambiental?

 

Para nada. Aún poniendo entre paréntesis tales objeciones (de enorme importancia, por cierto) la discusión sobre la minería en San Juan -y en el resto de las provincias que poseen recursos metalíferos- debería comenzar por el marco jurídico, que define la propiedad del recurso y reglamenta su explotación. Una discusión a fondo, a fin de garantizar que el recurso minero sea propiedad efectiva de las provincias y sean sus habitantes los que decidan qué hacer con ese recurso. De lo contrario, si se siguen entregando las minas y su explotación a cualquier empresa extranjera, se perderá todo beneficio efectivo y será muy difícil controlar el impacto ambiental.

 

El nuevo estatuto legal del coloniaje

 

El Código de Minería vigente establece que la concesión de una mina puede adquirirse por descubrimiento directo; solicitando una mina vacante o mediante una exploración o cateo. También establece que el concesionario se convierte en titular de un derecho real inmobiliario, equiparable al derecho de propiedad (exclusivo, sin límite temporal, transmisible por contrato o por causa de muerte, susceptible de hipoteca y demás derechos reales admitidos por el derecho común). 

 

Y a pesar de que los Estados Provinciales tienen el dominio originario de las minas situadas en sus respectivos territorios, según la Constitución Nacional, no pueden cobrar precio alguno por la concesión de las minas y les está vedado participar en la actividad minera. Este confinamiento provincial se visualiza, también, en el aspecto fiscal, ya que lo que las empresas mineras tributan por Ganancias se orienta de acuerdo a la voluntad del Estado Nacional.

 

No poner en discusión este aspecto fundamental significa, además, soslayar una constante en nuestra historia como país. Es olvidar de qué manera fueron apropiados nuestros recursos naturales por los grandes capitales de origen extranjero. En tal sentido, vale la pena señalar que este marco (¿regulatorio?) de la minería es producto de la legislación menemista, que no se caracterizó por su patriotismo y defensa del interés nacional, precisamente. Aspecto bastante eludido, por cierto, en el libreto “nacional y popular” del kirchnerismo; a pesar de ser el ex presidente Kirchner responsable del Plan Nacional Minero, que completó y profundizó el modelo inaugurado en la etapa anterior.

 

Hablando en criollo

 

Argentina necesita de una auténtica vocación nacionalista y federal, que se traduzca en normas e instrumentos para proteger la riqueza de las provincias y la Nación que ellas constituyen. Pues éste es el único argumento posible para sostener nuestro destino como pueblo soberano e independiente. Hablando en términos concretos, hoy a las provincias argentinas sólo se les reconoce el 3 por ciento del valor a boca de mina en concepto de regalías, lo que seria el equivalente al 1 por ciento de los valores internacionales.

 

Y el mejor ejemplo es, precisamente, la mina de oro Veladero, niña de su ojos del gobierno de Gioja: para un valor de costo de 320 dólares la onza de oro, siendo el precio internacional de 1.320 (setiembre de este año), a la empresa le queda un neto de 1.000 dólares y a la provincia de San Juan 13,20.

 

Esta es la discusión que las corporaciones mineras trasnacionales, así como funcionarios y dirigentes nacionales o de provincias parecen querer evitar. Pero vale la pena preguntarse cuántos más beneficios, recaudos ambientales y puestos de trabajo se podrían generar si cambiamos las reglas de juego, haciendo uso efectivo de nuestra soberanía sobre el suelo y subsuelo, en lugar de dividir el campo popular disputando el reparto de los vueltos.