La diplomacia norteamericana ha sido siempre menos solidaria con las víctimas del horror que con los empresarios. La trama iraní, que envuelve a la Argentina, parece demostrarlo.
Cuando se presentó el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán en torno a la investigación por la causa AMIA, no fueron pocos los que pusieron el grito en el cielo acusando al Gobierno nacional de haberse incorporado al eje bolivariano y de aislarse, como consecuencia, del mundo de oportunidades que ofrecen los Estados Unidos y sus aliados.
Sin embargo, a poco de andar, comenzó a ser algo sospechosa la posición distante, casi distraída, del gobierno de Barack Obama, sorprendiendo a todo el periodismo especializado con una reacción esencialmente distinta a la que mostró Israel, su tradicional aliado en la región de Oriente Medio, y hacia quien se esperaba una declaración de contundente solidaridad por parte de la Casa Blanca.
La explicación de tan extraña disociación ha ido apareciendo -por entregas, como en los viejos folletines de aventuras- en sucesivos episodios que combinan, como casi siempre, la sutil diplomacia con la rústica economía. Nadie los ha concatenado explícitamente, pero una buena lectura no puede menos que asociarlos.
Los dos primeros son casi simultáneos: se anuncia que Irán ha aprobado (hasta ahora nadie sabe cómo, especialmente los propios iraníes) el acuerdo con la Argentina, a poco que los voceros diplomáticos de las EE. UU. confirman que el régimen de Obama estaría por llegar a un acuerdo nuclear, destinado a mantener a Teherán a "dos o tres años" de la bomba atómica, a cambio de un alivio en las sanciones económicas.
Semanas después, el ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino, anuncia que se alcanzó un acuerdo con el Banco Mundial que reactivará, luego de dos años de sequía total, créditos a la Argentina por u$s 3.000 millones, sorteando el veto de los EE. UU.
Para tal acuerdo, por cierto, no bastaban las concesiones diplomáticas: Argentina deberá pagar a cinco empresas alrededor de 500 millones de dólares para que levanten las demandas que estas poseen contra nuestro país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal del Banco Mundial, y el Uncitral (la corte que depende de las Naciones Unidas). Tales empresas, como era de esperar, son norteamericanas.
Un detalle poco relevante, pero bastante demostrativo de la genuflexión de nuestros "negociadores": entre las empresas a las que Argentina pagará la supuesta deuda, se encuentra Azurix. Este consorcio norteamericano, recordamos, abandonó la concesión del servicio de agua potable y cloacas en la provincia de Buenos Aires.
Azurix Corp tuvo a su cargo la concesión del servicio de agua en 49 distritos de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Ruckauf le tuvo que dar de baja en los últimos meses de 2002, por una serie de irregularidades que habían generado un caos en el servicio. Además, la Provincia se tuvo que hacer cargo de las deudas de la compañía que, antes de fugarse, presentaba una morosidad del 50 por ciento.
En lugar de buscar una reparación por la actitud irresponsable de una concesionaria extranjera -como lo está haciendo, valientemente, Ecuador con la Chevron- el gobierno de Cristina pagará sin chistar, a cambio de recibir nuevos créditos para seguir "honrando" deudas internacionales. Parece que la guapeza nacional y popular alcanza, apenas, para las agentes de tránsito.
Pero volvamos a Washington. El último y más indicativo episodio tuvo lugar a fines de octubre pasado, cuando el secretario de Estado adjunto norteamericano, Wendy Sherman, mantuvo un encuentro con los dirigentes de las cuatro principales organizaciones judeo estadounidenses, con el objetivo de disuadir la presión contra el régimen de Teherán.
Vale destacar, en este sentido, que varias de estas organizaciones, como el Consejo Judío de Asuntos Públicos y a las Federaciones Judías de Norteamérica, habían reiterado su apoyo para avanzar en el Congreso de aquel país en las sanciones contra Irán. Entre otras causas, por la investigación del fiscal Alberto Nisman, que demuestra la responsabilidad del Estado teocrático con el brutal atentado del 18 de julio de 1994.
Tanto a ellos, como a los propios legisladores, la administración de Obama les ha dejado en claro, públicamente, que preferiría dejar todo esto encapsulado a fin de poder abordar, sin cuentas legales pendientes, la ronda de negociaciones destinada a congelar el plan nuclear iraní, lo que ya ha sido prácticamente acordado este viernes en Ginebra. Lo cual, dicho sea de paso, deja desairado abiertamente a Israel.
¿Habrá sido, entonces, el gobierno norteamericano quien impulsó el memorándum de acuerdo entre Argentina e Irán? Esto sólo podrá saberse, con suerte, dentro de algunas décadas. Pero ya hay algunos suspicaces que invitan a recordar el silencio de Obama, cuando el Gobierno español -el segundo mayor aliado norteamericano en Europa- reclamaba la adquisición compulsiva de YPF a Repsol. Y luego vino Chevron.
Tal vez estén en lo cierto. Porque para el gendarme de Occidente, la economía (y la diplomacia) bien entendida, empieza siempre por casa