El hipopótamo y la Argentina real

La propaganda kirchnerista se parece al gallego del chiste. Cada vez que aparece un fenómeno social no previsto en su farmacopea ideológica, lo niega. O lo remite a situaciones del pasado, debidamente catalogadas en el breve catecismo con que cree resumir lo nacional y popular. Así, cuando en 2008 irrumpió el sector de pequeño y mediano formato (por primera vez asociado a entidades tradicionalmente enfrentadas y en franca decadencia, como la Sociedad Rural) tras el aumento de las retenciones a la soja, no se les ocurrió otra cosa que convocar una "resistencia contra la oligarquía".

 

Por supuesto que hubiese sido más sencillo deducir que, luego de la expansión sojera vivida en los últimos años, era de esperar que se gestara un sector emergente de la burguesía rural, con nuevas características, que no estaba dispuesto a dejarle la era de las vacas gordas (de los porotos gordos, en este caso) a los grandes propietarios y exportadores, cuya prosperidad no ha dejado de garantizar un solo día el régimen de los Kirchner.

 

Otro tanto es lo que viene ocurriendo, desde hace varios días, con la protesta policial. El sábado pasado, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, volvió a desempolvar las presunciones conspirativas y aseguró  que "los vestigios de la dictadura" y "las corporaciones" están "al acecho" contra la democracia. Lo hizo en la sede central de la jerigonza progresista, Carta Abierta, donde nadie osó preguntar -por ejemplo- qué respuesta había ofrecido el propio Capitanich, cuando esas mismas fuerzas oscuras habían puesto en jaque la seguridad de los cordobeses. 

 

No hubiera podido contestar esa simple pregunta, ya que cuando el chaqueño –tal vez preocupado por preservar su imagen de candidato para 2015– intentó socorrer al gobierno cordobés, se tomaron decisiones en contra por encima de su cabeza. De acuerdo a una nota de Ceferino Reato, publicada en Perfil, la orden provino de la propia Presidente, a través del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.

 

Como se sabe, el gobernador de la provincia mediterránea, José Manuel De la Sota, cedió a las presiones policiales y otorgó un aumento importantísimo de salarios. Fue una jugada certera, que devolvió con creces la bomba incendiaria que le plantó el Gobierno nacional, ya que al concretar el éxito de la protesta cordobesa, motivó a las policías de otras provincias a manifestarse de manera similar (con la consabida estela de saqueos y delincuencia desatada). Fue un golpe duro para el cristinismo, pues el efecto boomerang golpeó a las provincias más "protegidas", como Tucumán, Chaco y Entre Ríos.  

 

Hay mucho para discutir en el plano institucional y del ejercicio del Derecho tras los episodios vividos, que dejaron un saldo terrible de 11 muertos. Tampoco se pueden descuidar las relaciones entre las policías y el crimen organizado, como así también las urdimbres políticas que se mueven entre bambalinas. Pero no hay que confundir -siguiendo el consejo de Trotsky- el detonador con la materia explosiva: lo crucial del problema lo constituye la pésima situación de las fuerzas de seguridad, tanto en el plano salarial como presupuestario y de equipamiento.

 

Entre los que llevaron a cabo la protesta, hay miles de trabajadores que cobran migajas por arriesgar su vida o su integridad física y están condenados a vivir en los mismos barrios de los delincuentes que deben enfrentar ¿Cómo no se les ocurrió a nuestros brillantes estrategas que estas mujeres y hombres podían buscar satisfacción a sus necesidades de alguna manera? 

 

¿Tan torpe fue la gestión en Seguridad que no pudo visualizar el huevo de la serpiente, a pesar de llevar diez años supuestamente a cargo de mantener el orden y la legalidad en todo el territorio nacional? ¿Dónde están ahora -por mencionar algunos- quienes dieron forma al ministerio del área, empezando por su titular, Nilda Garré, y su siempre sobreactuado asesor, Horacio Verbitsky?

 

Este último, se manifiesta duramente contra las policías en Página 12, diciendo, entre otras cosas, que "una cultura institucional anquilosada se amalgama con el mensaje represivo y autoritario con que los sectores beneficiarios del statu quo económico y social responden a la preocupación por la denominada inseguridad". No hay en este periodista funcionario el menor atisbo de autocrítica, ni la más mínima lectura del conflicto en términos materiales y concretos: la realidad siempre se reduce a una puja ideológica entre la democracia progresista y las oscuras fuerzas que acechan contra la institucionalidad.

 

Tal cual el gallego de Jauretche, cuando la realidad aparece con toda su crudeza, la única respuesta oficial es negar su existencia. Pero aquí no hay ningún chiste, sino una improvisación y torpeza que nos está llevando, una vez más, al escenario cruel de la tragedia colectiva.