La otra guerra de Malvinas

La Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de la Provincia de Córdoba ordenó, hace poco más de una semana, la paralización de obras en la Planta Internacional de Semillas Transgénicas Monsanto, que se encuentra ubicada en la localidad de Malvinas Argentinas, del departamento Colón. La medida judicial tendrá vigencia hasta tanto se conozcan los resultados del informe de impacto ambiental. 

 

Esta decisión se sostiene en la aplicación de la ley nacional –que obliga a presentar el Estudio de Impacto Ambiental antes de construir una planta de este tipo– por encima de las normas municipales y provinciales que permitieron autorizar el inicio de las obras. Reforzando este criterio, la Cámara estableció que la Municipalidad de Malvinas Argentinas, deberá "abstenerse" de emitir algún tipo de autorización a la empresa hasta tanto se concluya el estudio en cuestión.

 

De todos modos, la construcción ya estaba paralizada de hecho, pues desde hace meses un grupo de ambientalistas decidió acampar en las puertas de la planta e impedir que se levante la obra civil. A partir del 19 de setiembre pasado se realizaron marchas, bloqueos al ingreso de máquinas y camiones, volanteadas, etc. Además de una sostenida campaña de concientización, acerca de los riesgos que supone tener 240 silos de maíz transgénico en las inmediaciones de la vivienda familiar.

 

Los manifestantes exigen una consulta popular para que la población decida. Pero tanto el intendente como el gobernador de la Provincia han desechado la idea. Y la respuesta oficial no siempre se halimitado a las palabras: a once días de iniciada la protesta, la policía de Córdoba avanzó sobre el acampe a puro bastonazo y gas pimienta, a fin de permitir el ingreso a los insumos de construcción. 

 

Pero la decisión popular, hasta el momento, viene ganando la pulseada. Y no sólo, como decíamos, por la medida judicial, sino porque, en algo más de cuarenta días, Monsanto retiró contenedores, oficinas, baños, grúas y maquinarias instaladas en el predio. 

 

Según informa el tradicional matutino cordobés, La Voz del Interior, ni el Gobierno provincial ni Monsanto habrían aceptado "mostrar las dos mil páginas de estudios presentados por la empresa a Ambiente, entre ellas el EIA, aún no aprobado. Monsanto aceptó entregar sólo 30 páginas, que no contestan las principales dudas".

 

El autor de la nota, nuestro colega  Edgardo Litvinoff, asegura haber tenido en su poder "el Aviso de Proyecto (90 páginas) que Monsanto presentó a Ambiente y que le permitió comenzar la construcción de la planta". De acuerdo a su testimonio, lo habrían analizado las universidades Católica de Córdoba y Nacional de Río Cuarto "y observaron numerosos interrogantes respecto de qué se hará con desechos, accesos, agua, etcétera; así como de los distintos procedimientos de producción y su seguridad ambiental. No hay un solo documento difundido para replicar esas dudas, excepto las palabras de los voceros de Monsanto".

 

"El Gobierno cordobés y el municipio de Malvinas Argentinas le permitieron a Monsanto construir sin dicho estudio, ¿cuál era el apuro?", se pregunta el diario mediterráneo. Creo que podemos aportar algunos datos a una posible respuesta.

 

La primera pista nos conduce al Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020, elaborado por el gobierno nacional, que prevé incrementar la superficie sembrada con granos en un 27 por ciento. Es decir, pasar de la superficie actual de 33 millones de hectáreas a 42 millones exactamente, elevando la producción de soja genéticamente modificada en un 20 por ciento (de casi 20 millones a más de 22 o 23 millones de has.) y la de maíz transgénico en un 56 por ciento. Considerando que la superficie actual es de 3,7 millones de has., aumentaría a 5,7 millones. 

 

No sería extraño que los futuros historiadores califiquen al kirchnerismo como “el régimen de los agronegocios”, pues sus principales líneas estratégicas consisten en acuerdos del Estado Nacional con las compañías transnacionales y empresas locales, donde los “inversores” reciben el aporte científico de organismos estatales y universidades nacionales, a un costo irrisorio en el mundo de la “sociedad del conocimiento”. 

 

El acuerdo de Bioceres SA, la compañía del amo de Gustavo Grobocopatel, con la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet, para desarrollar y producir un tipo de semilla transgénica resistente a la sequía y a la salinidad, capaz de ampliar la frontera agropecuaria hacia zonas como la Patagonia y la Región Oeste, es un claro ejemplo del modelo.

 

Cristina Fernández saludó el arribo de Monsanto, allá por el 2012, con un recordado discurso de bienvenida: "Nosotros sabemos que necesitamos de la ciencia y la tecnología para poder cubrir las necesidades alimentarias del mundo", dijo celebrando la inversión (dicen de U$S 150 millones) afirmando luego que: "La Argentina figura entre los países con mayor libertad a la inversión directa extranjera". 

 

Monsanto domina el 27 por ciento del mercado de semillas a nivel mundial y, por lo que se ve, genera en la Argentina un consenso que no logra la política, ya que reúne tras de sí a la Presidente con un gobernador del peronismo disidente y un intendente radical. Pero el pueblo, como ocurre generalmente en estas extrañas unanimidades, ya está parado en la otra vereda.